La baja en registros de homicidios ha sido constante desde el 2016. No es agencia del actual gobierno haberlo logrado. Cada vez va siendo más evidente que la caída homicidios diarios no responde necesariamente a un publicitado éxito de planes de seguridad pública, sino más bien a la continuación de negociaciones y acuerdos con pandillas cuyo camino fue aprendido desde gestiones anteriores.
Estos grupos no han perdido control territorial. Por el contrario, lo han consolidado. Incremento de operativos militares no han impedido el aumento en los últimos registros de desaparición de personas y la continuación de la extorsión, o colaboración como muchos prefieren llamarla. Estos delitos están a la orden del día en la vida comunitaria.
Públicamente se ha esgrimido un discurso bélico y de mano dura contra las pandillas y se acusa al adversario político de pactar con ellas. Sin embargo, parece que debajo de la mesa han ocurrido encuentros y acuerdos. Las negociaciones se esconden, se ocultan y se niegan. La razón: la población que ha sufrido el acoso, persecución, extorsión, amenaza, secuestro, violación y muerte difícilmente entendería que, para aparentar un clima de mayor seguridad, a cambio deba aceptar que quienes les han hecho daño tengan la capacidad de poner condiciones al gobierno.
Por años se ha enfilado un discurso de odio contra las pandillas y se ha justificado violaciones contra cualquiera que sea señalado como pandillero o cualquiera que se le vincule a un pandillero. La población ha orientado su impotencia frente a estos grupos celebrando verlos humillados, denigrados en su condición humana y hasta ejecutados extrajudicialmente. Ha parecido poco cualquier castigo con relación al daño que han causado. Sin embargo, el discurso de odio se ha ido enfocando ahora, paulatinamente, hábilmente, hacia opositores políticos, observándose la misma conducta: la justificación de la condena mediática, exhibición pública y graves violaciones a normas básicas del debido proceso al aceptarles en una condición de culpables de hechos que no han sido comprobados en un juicio justo.
Hasta ahora ha funcionado y ha funcionado bien. Pero el tiempo va acabándose. Mantener apoyo popular azuzando frustraciones de la gente y ofreciéndole la falsa sensación de verse vengados frente a quienes les han engañado y sacrificado no es sostenible. Tarde o temprano se caerá en la cuenta de que nuevamente su bienestar ha sido, otra vez, moneda de cambio.
Quizás aún se estuviese a tiempo para intentar que el apoyo que se ha gozado pueda trabajarse para que se acepte que lograr la paz pasa por diálogos y acuerdos con los que constituyen un poder fáctico indiscutible y construir procesos ampliamente participativos que desmantelen estas estructuras garantizándoles condiciones de reinserción a sus integrantes. Esto pasa primero por decirle al pueblo la verdad. Negar permanentemente solo hundirá más a quienes, al igual que otros que lo hicieron atrás, ahora continúan con esta práctica y arrastran el mismo pecado de negociar solo para su propio beneficio. Declarar una guerra vacía no dejará ningún ganador, pero si varios perdedores.
No solo políticos ambiciosos, corruptos y oportunistas pueden negociar con pandillas, también lo hacen estructuras más complejas de criminalidad organizada transnacional con mejores capacidades y mayor claridad de objetivos e intereses. En la medida que no se transparente que existen estos entendimientos y cuáles son sus términos, esa oscuridad es propicia para el avance de cooptación del crimen organizado en instancias del estado. No sabemos hasta donde esto pudiera haber llegado. En otros países muy cercanos, ya son criminales los gobernantes.