Del youtuber preso aún no está claro si pertenece o no a la radio del gobierno, tampoco se conoce quien del gobierno le ordenó al director de la radio y respaldó su acreditación periodística ante el TSE. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia no esclarece su responsabilidad pero es conocido el nivel de centralización de las comunicaciones. Nada se pauta, nada se produce, nada se comparte sin que se apruebe por CAPRES. Tampoco quedan claras las razones de la negligencia policial del dispositivo policial que resguardaba el proceso electoral en el hotel sede durante el periodo de flagrancia y, lo más grave, no se ha informado que hacía un “comunicador” portando una pistola de 40 mm, quién se la entregó y con qué fines. Mucho queda por saber del contenido de su equipo informático que relevará sin dudas a la red de financiamiento y las órdenes oscuras del que era receptor.
Estos “comunicadores” enjuiciados son representativos del “troglodismo mediático” de una poderosa organización que opera al amparo y estímulo de recursos gubernamentales, encubierta en la impunidad de las redes sociales, con la misión de azuzar un peligroso clima de violencia política que ya cobró víctimas fatales durante la campaña electoral, por parte sicarios gubernamentales. Esta es una operación de matonearía política que pretende amedrentar a quienes piensan diferente. Esta ciberviolencia política se puede recrudecer ajotada por la campaña de odio de Bukele, quien además con su silencio es cómplice de estas actuaciones.
Es digno reconocer a las mujeres víctimas de las agresiones que no permitieron intimidaciones, denunciaron usaron la ley y activaron la institucionalidad. Es loable el acompañamiento solidario de las personas y colectivos que se manifestaron sobre estos hechos y sobre todo la diligente actuación de la Sala de lo Constitucional que dictó la medida cautelar oportuna para impedir la candidatura legislativa de un agresor; así como de la Fiscalía General de la República ante las capturas, tanto en el caso de acoso sobre una periodista por parte de un representante de partido político frente a cámaras como del youtuber, que les ha llevado a la detención.
Este proceso interinstitucional de justicia está fundamentado en la protección que hoy ofrece la “Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” en respuesta a la justa demanda de mujeres víctimas de acoso y violencia política por su condición de mujeres, sólidamente reforzado con amplios sectores que hoy tienen mayor conocimiento y conciencia de sus derechos. El encauzamiento judicial y las medidas cautelares son un primer triunfo para la justicia, un signo de esperanza, un precedente trascendental que debe ser defendido por la sociedad para abonar a construir una cultura de respeto a las personas y especialmente a las mujeres. Construir respeto e institucionalidad nunca ha sido fácil, erradicar prácticas machistas, misóginas, discriminatorias tampoco.
Los frutos que hoy conocemos fueron sembrados con mucha tenacidad y sacrificio por las diferentes asociaciones y lideresas que articuladas con las bancadas legislativas de avanzada promovieron hace veinticinco años (DL 430, 23 de agosto /1995) la ratificación de la “Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer”, mejor conocida como la “Convención Belem do Pará”, que obligó a aprobar una legislación que vio la luz, 15 años después y que aún debe ser perfeccionada. Veinticinco años para ver los primeros frutos, hoy amenazados por un régimen que no solo siembra odio sobre mujeres sino que ha debilitado toda su red de protección institucional.