En el Reparto Las Victorias de Soyapango cada familia debe pagar diez dólares a pandilleros si quieren tener agua potable en su casa. Desde hace años el reparto está olvidado por las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por lo que los pandilleros decidieron hacer conexiones clandestinas para abastecer a los pobladores a cambio de diez dólares mensuales. El agua les cae en la madrugada solo algunos días porque las pandillas tienen el control de ese rubro.
En el reparto Los Ángeles de Apopa los distribuidores de productos alimenticios no pueden ingresar si no pagan entre dos y diez dólares a los pandilleros que controlan la principal entrada a la zona. Ellos controlan y deciden a quien le cobran por el ingreso.
En la comunidad Iberia de San Salvador, los pandilleros deciden quien puede vivir en la zona y a quienes vedan su ingreso, incluso se dan el lujo de rechazar y agredir a pandilleros rivales. En Prados de Venecia de Soyapango nadie ajeno a la urbanización ingresa si no cuenta con el aval de las pandillas. Lo mismo ocurre en el Distrito Italia de Tonacatepeque y en cientos o miles de comunidades y colonias del país. Las pandillas siguen manteniendo el control de territorios, pese al Plan Control Territorial que desarrolla desde junio de 2019 el actual gobierno.
Es cierto que desde junio de 2019 ha habido una considerable disminución en la cifra de fallecidos, lo cual se ha acentuado durante la pandemia. Sin embargo, siguen las desapariciones, las extorsiones, las amenazas y la limitación a la libre circulación, pues el control territorial de las pandillas continúa en un vasto porcentaje del territorio salvadoreño. Todavía hay territorios donde no entran los soldados ni los policías.
Un amigo de la comunidad El Granjero, en el barrio Lourdes de esta capital, me contaba que ahí no llegan los soldados ni los policías, salvo cuando hay operativos o cuando llegan acompañados de un despliegue militar y policial acompañado de periodistas institucionales para hacer videos promocionales. En esta comunidad los pandilleros mandan y nosotros seguimos con la conducta de ver, oír y callar, me dijo el amigo al tiempo que señaló que todos saben quiénes son los pandilleros, pero nadie los delata por temor a morir.
Hay que reconocer que los homicidios han disminuido y que en algunas zonas es grato ver patrullas de soldados y policías haciendo una labor disuasiva casi de manera permanente, pero hace falta profundizar en la recuperación de los espacios controlados por pandilleros, así como profundizar en las investigaciones de los casos de extorsiones y desapariciones.
Conozco el caso de un joven desaparecido en Olocuilta desde el 10 de abril de este año, el cual no avanza en la Fiscalía ni en investigaciones de la PNC, pese a que “todo mundo” cree saber quiénes lo mataron y donde lo enterraron. Pareciera que la pandemia generada por el COVID-19 es la justificación perfecta para no avanzar en las investigaciones y en la recuperación de los territorios controlados por las hordas pandilleriles.
Recuperar los territorios controlados por pandillas implica realizar una fuerte labor de represión del delito acompañada de una alta dosis de labores preventivas. Recuperar un territorio no es simplemente hacer una redada, el anuncio promocional y olvidarse de esa comunidad, porque las pandillas dejan semilleros que a la vuelta de la esquina vuelven a proliferar. Todo territorio recuperado hay que intervenirlo con un programa que vaya más allá de la publicidad. “Aquí vinieron, se llevaron a las pandilleros y ni la Fuerza Armada ni la Policía regresaron, ahora quienes controlan son pandilleros que vinieron desde otra zona”, expresó una ciudadana en un programa radial, al referirse a lo que ocurre en su colonia en Cuscatancingo.
Ciertamente los homicidios han bajado y negarlo sería torpe, pero en cuanto a control territorial, hace falta mucho por hacer. Se requiere algo más que publicidad. Se requiere acciones concretas para garantizar el control territorial.