Es en 1948, cuando se inició el proceso de reforma Constitucional en El Salvador, que dada la capacidad de incidencia de la Liga Femenina Salvadoreña, se incorporó el derecho al voto universal, sin impedimento alguno para las mujeres y que posteriormente fue efectivo en la Constitución de 1950.
De acuerdo al documento de “Paridad de Género: Política e Instituciones. Hacia una Democracia Paritaria” de ONU-Mujeres, la inclusión tardía de las mujeres en el reconocimiento del sufragio activo impactó en una participación inequitativa en los procesos de decisión a nivel latinoamericano, muestra de ello fueron los bajos porcentajes de escaños parlamentarios ocupados por mujeres a mediados de los 90; de un total de 176 países, solo un 11,6 % de diputadas y 9,4 % ocupaban cargos representativos hacia 1995.
La subrepresentación de las mujeres fue entendida como un déficit de las democracias, pero no se entendió como un problema de técnica electoral, sino un problema político, resultante de una larga historia de exclusión de las mujeres en múltiples y diferentes ámbitos de la esfera pública. Bajo este escenario, se consideró la necesidad de aplicar acciones que equilibren las diferencias de poder en el acceso a las oportunidades y los recursos entre mujeres y hombres. Así nacieron en varios países de América Latina, cuotas legales de género, un primer intento para superar obstáculos que les impedía a las mujeres ingresar a la política y revertir la desigualdad que existía.
Drude Dahlerup, profesora en Ciencias Políticas, planteó tres argumentos a favor de las cuotas legales de mujeres: 1. Argumento de funcionamiento de la democracia: el derecho de todo ciudadano a elegir a sus representantes pero también a ser electo como tal; 2. Argumento de justicia social: las mujeres representan más de la mitad de la población mundial, por lo tanto, debieran tener la mitad de puestos de representatividad; y, 3. Argumento de defensa de los intereses como grupo específico: Mujeres y hombres pueden tener intereses distintos, pero es necesaria la presencia de mujeres en órganos de representación para incluir intereses específicos de ellas.
En la mayoría de países latinoamericanos las cuotas legales de género se adoptaron desde 1997, mientras que en El Salvador se implementaron hasta el año 2013 con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, estableciendo un 30 % de participación de mujeres como mínimo en cargos al Parlamento Centroamericano, diputaciones a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. Pese a ello, la participación política de las mujeres en el país sigue siendo muy poca. Para el período legislativo y municipal de 2015-2018 fueron electas un 30.95 % de mujeres para la Asamblea Legislativa y tan solo el 10.31 % de mujeres alcaldesas de 262 municipios, cifras similares a cuando no se establecía una cuota mínima de participación.
Así, en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, han trascendido de las cuotas y han adoptado “la paridad”, la cual es entendida como una medida definitiva (y ya no transitoria ni correcta como sucede con las cuotas de género) que busca garantizar el derecho a la igualdad a través de la integración equitativa de 50 % de candidaturas para cada género.
En El Salvador se han comenzado a dar los primeros pasos para ser parte de los países que han adoptado la paridad, hace un par de semanas el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, presentó una iniciativa de reforma constitucional al ordinal 3° del artículo 72 de la Constitución para realizar acciones afirmativas y medidas positivas progresivas en las leyes atinentes para garantizar la paridad. Por otra parte, un esfuerzo conjunto organizado por organismos internacionales: Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Instituto Republicano Internacional, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y los partidos políticos, busca fortalecer la participación y empoderamiento político de las mujeres, para alcanzar la paridad. Recordemos, ¡sin mujeres no hay democracia!