Sería extraño que en una empresa se empiece a entrevistar a sus posibles empleados sin tener antes los criterios de selección definidos y más aún si no los ha entrevistado. Pero el Estado salvadoreño parece estar acostumbrado a que se elijan gobernantes sin derecho a preguntar ni a exigir, ni una pizca más de lo que han decidido sus estrategias de campaña. Esta costumbre se extiende –como ya estamos acostumbrados y pese a sentencias de la anterior Sala de lo Constitucional– a las elecciones de funcionarios de segundo grado en donde ni siquiera se definen criterios de elección y su respectiva calificación.

Ahora se trata de personas que aspiran a manejar la cosa pública y a tomar las decisiones importantes frente a dilemas que le interesan a todos los ciudadanos: si tomar un préstamo o aumentar un impuesto, si reforzar un puente que puede caerse en una temporada lluviosa o construir un paso a desnivel, si iluminar una carretera o construir viviendas a los pobres que aún viven en champas, si promover la estatización de los fondos de pensiones, aumentar la rentabilidad de los fondos o recortar ganancias a las administradoras privadas, si construir una obra de gran impacto visual o contratar más médicos y profesores, si modernizar la contratación de funcionarios en el Estado o seguir contratando simpatizantes del movimiento del gobernante de turno. Todas esas decisiones implican un gasto o un costo político y un costo ciudadano.

Se trata no solo de dinero público pagado por todos los ciudadanos a través del IVA e impuesto sobre sus rentas, gasolinas, telefonía, entre otros, sino decisiones que implicarán consecuencias en la vida diaria.

Por eso, es importante que los candidatos presidenciales nos muestren sus programas de gobierno y que respondan los vacíos que existen en dichos documentos.

Es clave que den a conocer a la población quiénes son las personas que están detrás de esos planes y quiénes son los que estarán al frente de sus equipos de gobierno.

Y es trascendental por eso que muestren transparencia y probidad, dando a conocer no solo las declaraciones patrimoniales, de impuestos o de interés, sino quiénes los financian.

Delia Ferreira, de Transparencia Internacional, nos dijo que los candidatos presidenciales salvadoreños “no necesitan esperar a auditorías posteriores a la elección” y sugiere “comprometerse desde ahora en esta elección para informarles a ustedes, los salvadoreños, semanalmente qué dinero recibieron, quién se los dio y en qué lo usaron”.

Es algo que no debiera necesitar de una recomendación internacional. Todos los candidatos deberían saber que la transparencia no es cuestión de discurso y que resistirse a la transparencia, mediante diversas argucias, es retroceder. Tienen que estar conscientes de que todo candidato irá para atrás cuando evite una respuesta a estas preguntas de un medio de comunicación, cualquiera que sea, fingiendo estar apurado o no asistiendo a eventos públicos promoviendo una comunicación unilateral. E irá aún más en retroceso si dice que es transparente y no lo es; y en su lugar ataca a los periodistas en redes sociales utilizando a los equipos o agencias que realizan o han realizado alguna vez ese tipo de labor.

Y aquí sus mismos equipos deberían exigir transparencia porque se trata de la cosa pública, la polis, la ciudad, en donde la política está en función del bien común, no de intereses particulares de sus negocios, tampoco de sus aliados ni de sus financistas. Es un buen mes para hacerlo. Preguntar y tener las respuestas de quienes aspiran a manejar la cosa pública es un derecho que se le puede quitar a la población, es un derecho de nacimiento.