Como siempre ha sucedido, el país se encuentra, desde hace varias semanas, en plena campaña electoral adelantada, con vistas a obtener votos en cantidades extraordinarias que permitan, a los diversos institutos políticos participantes, tener muchos diputados en la futura conformación de la Asamblea Legislativa y a ganar, de ser posible, el mayor número de concejos municipales en el territorio nacional. La finalidad es, desde nuestro punto de vista, justa y legal, ya que nuestra Constitución garantiza la libertad del sufragio a través del cual, los ciudadanos con aptitudes previamente fijadas, puedan ser elegidos concejales o diputados, no para servir a sus institutos políticos o al gobernante de turno, sino al Estado mismo, a nuestro amado país, sin otro requisito que efectúe dicho servicio con apego a la ley, tal como está señalado claramente en los ordinales segundo y tercero de los Artículos 72 y 73 de la Constitución vigente. Cada candidato, hombre o mujer, sin importar su bandera o afiliación, debe estar plenamente consciente que ser legislador o alcalde municipal, no es un premio a su trabajo en campaña o su adhesión partidaria, sino el reconocimiento tácito de la población o electorado, a su honestidad, su anhelo de trabajar por el bien común y su actitud respetuosa al orden constitucional y jurídico de la nación.

Basados en la premisa anotada, cada partido y sus respectivos candidatos, deben aprovechar esta apertura de propaganda, no para llenar de insultos y degradaciones morales y/o personales a miembros o candidatos de los demás partidos, sino para exponer, con honesta sinceridad, los proyectos que piensan impulsar desde sus respectivos curules, o desde su puesto dentro de un determinado concejo municipal.

Y todos esos planteamientos deben ser realizados a los ciudadanos, que son los auténticos elementos determinantes del gane o la derrota en las urnas, con bondad, respeto, con razonamientos justos que permitan ver las posibilidades y dificultades para alcanzar objetivos, pero nunca con frases de discordia, jactancia de ser considerados los mejores candidatos, o con abierta pedantería de superioridad para culpar de los males sociales a los opositores, tal y como estamos leyendo algunos oscuros mensajes, precisamente del funcionario más responsable en procurar y mantener la armonía social, como es el presidente de la República, señor Nayib Bukele, aspectos que conforman un mandato imperativo e ineludible, señalados en el inciso tercero del Art. 168 de la Constitución.

El panorama sociopolítico y económico de El Salvador es muy difícil. La crisis sanitaria de la pandemia viral que aún azota el planeta entero, vino a ser solo un eslabón más en la pesada cadena problemática que soporta la nación debida a diversos factores coincidentes e influyentes y no solamente los treinta años administrados por un determinado sector político, aún vigente. Fijar el interés presidencial en este aspecto, más parece miopía histórica y no un análisis de amplio contexto sociohistórico, que nos ayudaría a dilucidar dónde se encuentran los verdaderos obstáculos que nos dificultan alcanzar un óptimo nivel de vida, una mejor educación técnica y actualizada, así como un despegue exitoso de la economía nacional. Incluso, analizar qué factores intervienen en la impureza de nuestras fuentes de agua, qué ocasiona tanto daño al territorio, etc. sin olvidar el saneamiento de nuestra costa marítima, sin bosques salados e inundada de plásticos venenosos; recuperar y ampliar el bosque cafetero, etc. ¡Hay miles de proyectos benéficos en espera de ser aprobados!

Dejemos de ver solo el ayer, para concentrar nuestra atención e interés en el presente y el futuro de la República. Dejemos atrás y bien encerrados con siete llaves los resquemores partidarios, las desigualdades egoístas, las envidias y falacias que solo cultivan la desunión de los ciudadanos y entorpecen la creación de obras sociales de provecho general. Esa es la campaña electoral que deseamos ahora y siempre…