Con la apertura económica en medio de la vigente pandemia por el coronavirus el viejo dilema del aumento al pasaje ha surgido con más lustre. Por un lado los empresarios de autobuses y microbuses pretendiendo un valor del pasaje incrementado hasta en un 100 por ciento o más y por el otro el gobierno con un interés preelectoral manteniéndose firme en su negativa de acceder. En medio, y como siempre el más perjudicado, el usuario que a diario y por necesidad debe abordar el transporte público.
En muchas rutas de buses los empresarios ya decidieron aumentarle el valor al pasaje y ya están ejecutando dicho incremento. En otros casos los microbuseros y buseros han decidido guardar sus unidades y en algunas rutas han optado por salir a trabajar sin aumentar el pasaje, pero esperando una decisión al respecto. Al final y en medio de los problemas está el usuario y estamos todos aquellos que pagamos un impuesto a la gasolina para financiar el subsidio al transporte público de pasajeros. Ni un aumento exagerado es oportuno ni una negativa a un posible incremento es factible. Diálogo y negociación es la clave.
Esta es un oportunidad que tienen el gobierno y los empresarios para sentarse a dialogar y negociar. Ambos,tomando en cuenta la realidad financiera y la seguridad del usuario, deben realizar un estudio técnico a profundidad a efecto de evaluar hasta cuanto se puede aumentar las tarifas sin dañar la economía doméstica de la población. El gobierno debe aprovechar para exigir mejores condiciones a los empresarios, por ejemplo, buses y microbuses en buen estado, ordenamiento de las diferentes rutas, unidades que pasen los sistemas de control ambiental, conductores con una conducta profesional en su trato al usuario, cámaras de seguridad en cada unidad, el pago inmediato y subsidiario de las esquelas que deben, y cualquier otra medida que a la postre mejore contundentemente el servicio del transporte público de pasajeros. A su vez el gobierno debe garantizar calles en buen estado, transparencia en el subsidio y un eficiente control gubernamental.
Actualmente el pasaje más barato cuesta $0.20 y $0.25, lo cual sin ser usuario, creo que se ha quedado desfasado y merece analizarse para evaluar un incremento razonable, toda vez que haya el compromiso de los empresarios de mejorar sustancialmente el servicio. Muchas unidades son chatarra, pero también hay que reconocer que las pocas ganancias que genera el rubro no permiten, en muchos casos, fortalecer el servicio con unidades nuevas.
Mucha población quizá no pueda pagar cinco centavos más para el pasaje, pero me atrevo a pensar que la mayoría sí. Conozco muchos casos de personas que no pasan un día sin poner una recarga diaria de al menos un dólar a su celular. Con un poco más de conciencia pueden pagar un ligero incremento al pasaje, tomando en cuenta que movilizarse es una necesidad de primer consumo.
Ni el gobierno ni los buseros y microbuseros deben cerrarse. Hay que sentarse a buscar consensos para definir una tarifa más acorde a los tiempos actuales y buscar un mecanismo más moderno para entregar el subsidio al transporte. Antes se le ha dado subsidio a unidades que tienen años de estar inservibles porque se ha utilizado un sistema caduco y corruptible, por lo que esta es la oportunidad de mejorarlo y despolitizarlo. A lo mejor entregar el subsidio de manera directa a los usuarios sea la solución, así como un aumento tarifario que cada cierto tiempo sea objeto de revisión. Creo que los usuarios con gusto pagarían un incremento si suben a unidades en buen estado, con conductores respetuosos del reglamento del tránsito y de los pasajeros, con cámaras de seguridad y con la garantía en general de un buen servicio.
El problema hasta ahora es que el actual gobierno (y los políticos) está en plena campaña electoral y se ha ensimismado en no ceder por lo que no pasa de amenazar a los empresarios; mientras que los empresarios se dedican a exigir sin ofrecer una mejora sustancial del servicio.