El economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Daron Acemoglu, y el politólogo de la Universidad de Chicago, James Robinson, en 2012 escribieron una obra denominada “Por qué fracasan los países”, en la que desarrollaron una teoría sobre por qué algunos países son prósperos y exitosos, mientras que otros no logran salir de la pobreza ni de un historial de gobiernos antidemocráticos o de ser Estados fallidos. La obra se convirtió rápido en un “bestseller” y sus teorías se convirtieron en objeto de estudio por académicos y políticos de muchos países.

La obra incluye ejemplos históricos y actuales de países o lugares, los cuales, partiendo de las mismas condiciones climáticas, geográficas y/o culturales alcanzan resultados muy, pero muy distintos; por ejemplo, Corea del Sur y Corea del Norte o microejemplos, como la ciudad de Nogales en el estado de Sonora (México) y la ciudad de Nogales del otro lado de la frontera, en el estado de Arizona (Estados Unidos). Algunos generan riqueza y estabilidad política para sus poblaciones, mientras que otros no logran salir de un círculo de pobreza y de gobiernos autoritarios o poco democráticos.

La obra contiene un amplio desarrollo de ejemplos concretos de países que han logrado crear un “círculo virtuoso”, así como de los que no logran salir del “círculo vicioso” y si bien lo ideal sería que muchos lo leyeran luego de ver esta columna, les voy a arruinar el final para luego intentar explicar por qué a pesar de que nuestro país parece ir rumbo al fracaso, todavía estamos a tiempo de rectificar y de corregir: Los países que fracasan son los países que no logran consolidar instituciones inclusivas y democráticas. “Los países se convierten en Estados fallidos no debido a su geografía o su cultura, sino debido a un legado de instituciones extractivas que concentran el poder y la riqueza en las manos de quienes controlan el Estado…” (Acemoglu y Robinson).

La historia de continentes enteros como África o de grandes partes de un continente, como Sur América, ha estado marcada por instituciones que empobrecen a la población y obstaculizan el desarrollo económico. El control del poder político para favorecer a unos pocos, en perjuicio de la colectividad y del bien común, termina por afectarnos a todos y por llevar al país al fracaso. Además, el desencanto de la población con los regímenes extractivos hace que los votantes se inclinen cada vez más en favor de políticos que proponen soluciones extremas o que se venden a sí mismos como antipolíticos, con los resultados desastrosos que pueden observarse; por ejemplo, en el caso de Venezuela, que pasó de ser uno de los países más ricos y prósperos, a ser un Estado fallido del que huyen sus ciudadanos por no poder conseguir el sustento para sus familias o en el que no existe un mínimo de libertades fundamentales, para ver la aplicación de estas teorías en el implacable espejo de la realidad.

En El Salvador hemos visto en el último año actitudes cada vez más preocupantes por parte de miembros del Ejecutivo. Actitudes contrarias al equilibrio de poderes propio de una República, como cuando el presidente ataca a la Sala de lo Constitucional o se niega a cumplir sus sentencias. Actitudes contrarias a los fundamentos mismos de un régimen democrático, como los casos en que miembros del Órgano Ejecutivo han negado información que la Ley de Acceso a la Información Pública ordena que debe darse, o casos de ataques a la libertad de prensa.

Durante la pandemia, la prensa también ha publicado casos en los que fondos públicos han sido manejados de forma muy cuestionable, como en las contrataciones del Estado en las que se han visto involucrados y beneficiados varios funcionarios. Este es el tipo de comportamiento que lleva a los países a fracasar y permanecer en el subdesarrollo. El Salvador puede salvarse del fracaso si el presidente y los funcionarios actualmente en el poder, respetan y fortalecen la institucionalidad democrática en lugar de debilitarla. Si desisten de la reforma Constitucional para buscar la reelección o si dejan de atacar a los magistrados, a la prensa y a los ciudadanos que cuestionan el poder y si cumplen las sentencias y la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Si no me creen a mí, lean a Acemoglu y a Robinson.