La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como "información inexistente" las declaraciones juradas de patrimonio de todos los ministros y ministras de la administración del presidente Nayib Bukele.
Probidad argumenta que ninguna institución ha reportado las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y empleados públicos como obligados, por lo que es "información inexistente".
Ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio, en los cargos arriba señalados, por eso no se entregan, ya que es información inexistente". Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
La resolución llega después de una solicitud de información presentada por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de la la Fundación Nacional para el Desarrollo (ALAC-Funde) ante Probidad, el pasado 16 de agosto.
La solicitud de información buscaba obtener la versión pública de las declaraciones de patrimonio presentadas por:
- Rolando Alfredor Martínez Pineda, exministro de Agricultura y Ganadería.
- Franklin Alberto Castro Rodríguez, director general de Correos.
- Juan Carlos Bidegaín Hananía, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
- Patricia Leonor Comandari Zanotti, viceministra de Relaciones Exteriores.
- Funcionarios actualmente nombrados por el presidente Bukele en el año 2021.
La Sección de Probidad recibe los datos remitidos por servidores públicos, que según la "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos", están obligados a presentar su declaración de bienes al momento de iniciar su cargo y al finalizarlo, para detectar crecimientos anormales en sus propiedades y riqueza.
En su artículo 3, esta ley establece que los funcionarios "deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio" dentro de un plazo de 60 días después que tomen posesión en el cargo.
Dichas declaraciones deben contener una relación y estimación de sus bienes y de los créditos a su favor o en su contra, los bienes y los créditos a favor o en contra de sus cónyuges y de sus hijos, de los salarios devengados, rentas obtenidas particularmente y de su procedencia, acciones y participaciones sociales propias y de sus parientes.
Este tipo de información, explicó ALAC, permitió que se identificaran los casos de corrupción de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, desde 2017.
La @CorteSupremaSV ha declarado inexistente la información patrimonial de todos los ministros y ministras del presidente Bukele. Dicha información permitió identificar casos de corrupción como el del expresidente Funes y Saca. La información era pública desde desde 2017. pic.twitter.com/GGBxvsiWGw
— ALAC El Salvador (@ALAC_SV) September 8, 2021
En julio pasado, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín ─uno de los ministros que no ha presentado su declaración según Probidad─, presentó un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en las que se declaraban confidenciales las declaraciones patrimoniales de probidad, incluyendo sus adendas.
Debido a que las reformas fueron descartadas tras el amplio rechazo de organizaciones de la sociedad civil; la Asamblea dio de baja el documento original y lo resubió, con la misma fecha, sin la reforma que imponía la confidencialidad de estas declaraciones.
ENTÉRESE: Funcionarios declaran patrimonios de forma extemporánea