Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa podrían retomar la siguiente semana la discusión de la Ley General de Agua y deberán llegar, de nuevo, al polémico artículo 14 sobre la integración del ente rector del agua.

Ayer, Javier Argueta, director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), defendió la participación del sector privado en la junta directiva. Aseguró que la empresa privada solamente va a nombrar a un director, pero que este no es representativo ni velará por los intereses del sector privado.

“No hay participación de privados, lo único que hace el sector privado es recomendar, proponer y la ley lo que hace es darle esa potestad al sector de privado de proponer las personas. Cuando una persona entra ya, fue nombrado por el presidente de la República pasa a ser funcionario público como los otros sujeto a Corte de Cuentas, a la ley, Probidad y a todos los lineamientos del Estado”, argumentó.

El asesor de la ANEP afirmó que el sector agropecuario es el más afectado por la sequía y el sector industrial usa el agua y, por tanto, deben dar propuestas para el ente rector. “La única oportunidad que se les da es que escojan las personas idóneas a partir de la ley, que pone una serie de candados, inhabilitaciones, requisitos más que para ser diputado, no pueden tener intereses, de gremiales, de empresas, lo único que escoge la industria es a la persona idónea”, señaló Argueta.

 

Solo públicos

Francisco Díaz, presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), dice que el ente rector solo debe estar conformado por sector público.

“Deben participar funcionarios, empleados públicos, miembros de la academia, personas que no tengan ningún tipo de vinculación con empresas”, declaró Díaz.

Nelson Cuéllar, director del Programa Salvadoreño de Investigación sobre el Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), aseguró que en el ente rector no debe haber participación del sector privado ni de la sociedad civil.

“Debe ser una estructura institucional, fundamentalmente pública, ahí no deberían haber espacios para participación de otros sectores, ni de sociedad civil, ni de empresarios”, dijo.

Sin embargo, el representante de Prisma cree que la empresa privada puede formar parte de una estructura “consultiva”.

Mientras, Carlos Flores, del Foro de Agua, manifestó un rechazo total al posible involucramiento del sector privado en el ente rector. “¿Cuál es el objetivo de participar en la autoridad del agua? Es garantizar que la política se siga aplicando tal cual está en este momento”, declaró el representante.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) cree que la participación de la empresa privada es importante para invertir donde el sector público no puede.

“Esto se justifica cuando existen necesidades considerables de inversión que el sector público no puede cubrirlas y por las ganancias en eficiencia que el sector privado pueda brindar. La participación se expresa en las diferentes variantes de las Asociaciones Público-Privadas”, indica un informe del Departamento de Estudios Sociales de Fusades.