Funcionarios del Gobierno Central dominan el listado de 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia entregado este miércoles por el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa para que elijan a 10 nuevos funcionarios, ocho de los cuales tendrían que constituir la próxima Sala de lo Constitucional.

Catorce de los 30 candidatos son jueces o magistrados actualmente. Cuatro magistrados son suplentes en la CSJ y María Luz Regalado es ma­gistrada propietaria, quien preside la Sala de lo Civil actualmente. Regalado termina su periodo precisamente el 15 de julio de 2018 y es la única que aspira a la reelección. Ella votó a favor de la reserva a las auditorías patrimoniales junto a otros magistrados de la CSJ.

También hay jueces: dos jueces de vigilancia penitenciaria, tres jueces de familia, un magistrado de niñez y adolescencia, un juez de lo civil, un juez de sentencia y una magistrada de cámara de lo penal.

Siete de los abogados aspirantes trabajan en instituciones públicas, tres de los cuales laboran para el Órgano Ejecutivo, parte del Gobierno Central.

Dos trabajan en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), como miembros propietarios, uno como representante del Ministerio Público y otro nombrado por la Corte de Cuentas de la República.

Entre los candidatos está un intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencia, y la procuradora general de la República.

Tres candidatos tienen actualmente puestos en el Poder Ejecutivo: el presidente del Centro Nacional de Registros (CNR), el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y el ge­rente de la Unidad Jurídica de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantari­llados (ANDA).

Entre los candidatos hay uno, el juez Roberto Carlos Calderón, quien según los archivos de Transparencia Judicial fue amonestado por la CSJ por no asistir a sus labores. Otro, que si bien es miembro del Tribunal de Ética nom­brado por la Corte de Cuentas, aparece en una nómina de abogados suspendidos en enero de 2017.



También, está el abogado Carlos Sánchez, un juez de larga trayectoria que como juez de sentencia emitió una condena al expresidente de la ANDA por delitos de corrupción, pero como magistrado suplente de la Sala de lo Civil anuló el juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito al diputado Reynaldo López Cardoza (PCN), quien fue reelecto en esta legislatura 2018-2021 se convertiría en su potencial elector.

También se encuentra un interme­diario de seguros quien ha sido abogado de cajas de crédito que, si bien no muestra experiencia jurisdiccional, dice tener un doctorado en derecho constitucional. Los diputados tienen el desafío de indagar a estos 30 candidatos para hacer su mejor elección.