El Instituto de Acceso a la Información aseguró que el fallo de la Sala es un retroceso. / DEM
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) exigieron a la Sala de lo Constitucional que revierta tres criterios que limitan el derecho de acceso a la información pública, tildándolos de retroceso e incoherencia con la jurisprudencia constitucional.
“Nos sorprende esta última resolución al marcar un grave retroceso en esta materia”, critica el Grupo Promotor, que pidió al Presidente de la República haga pública información requerida por la Sala.
El Grupo dijo estar preocupado “en sobre manera” porque la Sala incluyó en la resolución sobre los viajes de Mauricio Funes ciertos criterios que limitan el derecho fundamental de acceso a la información pública. El Grupo Promotor es conformado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC).
Según el Grupo Promotor, el primer criterio, de no entregar información superflua, es un concepto demasiado subjetivo que permitiría un margen de limitación a la información “excesivamente amplio”.
También objeta el criterio que permite que una institución pública no dé información sobre hechos que tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares. Según el magistrado Sidney Blanco, esto obedece a la solicitud de un acta de la comisión de jueces nombrado hace cinco años. Blanco señala que los actuales magistrados no pueden elaborar un acta de un nombramiento que no presenciaron.
El IAIP criticó que este criterio “podría dar lugar a que las instituciones se nieguen a reconstruir la información y decidan no entregarla cuando haya finalizado la gestión de un funcionario requerido”.
La comisionada del IAIP Herminia Funes dijo que los planteamientos en esta resolución de la Sala “muestran un retroceso en el avance del acceso a la información pública”. Según ella, “la ciudadanía jugará un papel” en contra de esta resolución.
Según los comisionados del IAIP, esta resolución de la Sala de lo Constitucional está violentando el acceso a la información pública y también el combate contra la corrupción.