El representante regional adjunto para América Central de la Oficina de la Alta Comisionada, Andrés Sánchez Thorin, emitió observaciones a 11 artículos del anteproyecto, modificado ayer por los diputados, a través de una misiva enviada a la Comisión Política el pasado 25 de febrero.
En el documento, Naciones Unidas critica la política de selección de casos, el reducido tiempo que se asigna para investigarlos, la falta de acceso a los archivos militares, las mínimas penas carcelarias y la falta de fondos para reparación de las víctimas del conflicto.
El anteproyecto original establecía en su artículo 66 una rebaja de penas por colaboración, permitiendo que los autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cumplan solo con una quinta parte de su condena si confiesan su delito o piden perdón a las víctimas.
Esta reducción “supondría una amnistía encubierta por colaboración y no es aceptable en el derecho internacional, ni admisible a partir de los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional”, establece la carta del representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Para la ONU, aunque es aplicable la reducción de la condena, no es admisible que implique “una pena que no es proporcional a la gravedad de los hechos cometidos”, y debe condicionarse a que el imputado dé una colaboración eficaz para esclarecer el delito, identificando a las estructuras involucradas, juzgando a quienes dirigieron la acción, ofreciendo perdón a las víctimas y ofreciendo una reparación civil.
Esta crítica no hizo eco en la Asamblea. Tras una reunión privada de la Comisión Política, se acordó que los jueces puedan disminuir las penas a una cuarta parte, si los autores de crímenes de lesa humanidad confiesan sus delitos o colaboran en su esclarecimiento.
El delegado criticó el establecimiento de un plazo de seis meses a la Fiscalía General de la República para realizar su investigación y establecer si existe o no un delito de lesa humanidad, contenido en el artículo 59. “La aplicación práctica implicaría una prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son indescriptibles”, agrega. Se amplió el plazo a solo seis meses más.
Las víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que la ley es una “amnistía disfrazada”.
“Noche de la vergüenza en El Salvador: 44 diputados que muestran profundo desprecio por el sufrimiento, votaron para proteger a criminales de guerra, bajo la conducción del diputado Mario Ponce”, aseguró David Morales, director de derechos humanos de Cristosal.
“El documento que vimos recoge nada más lo que los diputados quieren aprobar ahora, que es más impunidad, nada sustancial sobre justicia (…), aseveró Óscar Pérez, miembro de la Mesa contra la Impunidad.
