Alabí aseguró que la inmunidad no solo es para funcionarios: también cubrirá a las farmacéuticas para eximirlas de responsabilidad penal y civil. /Foto: Secretaría de Prensa.


El ministro de Salud, Francisco Alabí, celebró hoy la aprobación de la polémica ley que blinda a funcionarios y empresas de cualquier denuncia o demanda por compras relacionadas al covid-19, bautizada por la minoría opositora como "Ley Alabí"; y explicó que, a pesar de las críticas, esta norma facilitará al país adquirir más vacunas anticovid.

Se trata de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19, aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

En su controvertido artículo 4, esta ley crea "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" para proveedores de salud, médicos, farmacéuticos, organizaciones hospitalarias, fabricantes y quienes autoricen la compra de los insumos y servicios anticovid, como el Ministerio de Salud.

Además, permite a todo el sistema integrado de salud pública la contratación directa de productos y servicios relacionados a la pandemia, dejándolos excluidos de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Alabí justificó y defendió ambas disposiciones diciendo que esta ley dará fortaleza al sistema de Salud, y brindará las herramientas necesarias para "acceder en tiempo oportuno a las estrategias que están a nivel internacional".
No solo se trata de una ley para adquirir, se trata de tener una ley que permita tener la facilidad y agilidad al sistema de Salud para poder venir combatiendo esta pandemia y pues ir saliendo adelante. Esta ha sido una situación sanitaria difícil". Francisco Alabí, ministro de Salud.




El ministro de Salud es uno de los señalados por las órdenes de compra que firmó durante la pandemia, cuando autorizó la compra de $250,000 en equipo de protección a Jorge Aguilar, un ex funcionario. El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió no iniciar una sanción en su contra, pero Alabí enfrenta otros procesos aún pendientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigaba, previo a la destitución del fiscal Raúl Melara, más de $155 millones de compras directas realizadas durante la pandemia, que incluían los contratos firmados por el ministro de Salud, el (ahora) viceministro de Agricultura, Pablo Anliker y la ministra de Turismo, Morena Valdez.

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¿Por qué decretar "inmunidad"?


Al ser cuestionado sobre el artículo 4 de la ley, que declara inmunidad para proveedores de servicios de salud y medicamentos; Alabí aseguró que "todos los países del mundo" están estableciendo este tipo de regímenes. Criticó, además, "la difusión mediática" que ha tenido la ley.

Según el ministro de Salud, el artículo 4 "obedece a una serie de situaciones que le pueden facilitar al país tener el acceso a ciertas estrategias,una de ellas es la vacunación". Esta inmunidad, afirmó, es solicitada por las farmacéuticas en sus convenios de compra.
¿Pero qué tiene que ver la vacunación? podrán decir algunos. Pues es porque ahí no dice funcionarios, dice todo un equipo del sistema de Salud, tanto por la parte de administración nacional como por la parte contratante que son las empresas". Francisco Alabí, ministro de Salud.

Según Alabí, "el funcionario no es el único que toma la decisión" de emitir órdenes de compra, distribuir y aplicar la vacuna. Además, destacó que las farmacéuticas incluyen "cláusulas de exoneración" de responsabilidad.
Esta no se trata de una ley de inmunidad para ningún funcionario, esto no se trata de una ley para evitar o para disimular cosas incorrectas, esto se trata de una ley que le permite a la población tener acceso en tiempo en celeridad a las condiciones que ahora se están solicitando a nivel internacional". Francisco Alabí, ministro de Salud.

A la fecha, los convenios firmados entre El Salvador y farmacéuticas siguen siendo de carácter confidencial. La estrategia de vacunación, el costo de las dosis y de la infraestructura construida para aplicarlas; fueron puestas en reserva por el Ministerio de Salud.

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¿Por qué permitir compras directas?


Alabí aseguró que las compras directas son para facilitar los procesos durante una "situación excepcional" de Salud, como la pandemia del covid-19.

Defendió, además, que "hay todo un equipo para poder hacer este proceso" que no necesariamente involucra a los funcionarios. Esto, a pesar que las órdenes de compra son estampadas con la firma de los ministros.

El ministro de Salud agregó que las compras públicas usando la LACAP "no dan seguridad en cierto tipo de situaciones". "Disminuye ciertos riesgos, pero también se puede prolongar (la compra) y ser ineficiente", agregó.
La ley LACAP tiene bondades pero también tiene deficiencias, y esas deficiencias se pagan en vida en el marco de salud. Debería existir una ley estructurada en el marco de salud". Francisco Alabí, ministro de Salud.

Al aprobarse esta ley, la Asamblea Legislativa restauró el esquema utilizado por el Ministerio de Salud para realizar compras directas en la pandemia, suprimiendo la Lacap y haciendo compras directas a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).

El Fopromid ha permitido el uso secreto de los fondos según investigaciones de organizaciones de la sociedad civil. Por una parte, el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica (FERRE) informó en febrero que $607.1 millones se canalizaron a través de Fopromid, que permite opacidad e inaplicación de la LACAP