El anteproyecto de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información presentado el martes por organizaciones y diputados propone un sistema de protección a periodistas de agresiones físicas, psicológicas, laborales y de protección previsional.
La protección aplicaría a periodistas, comunicadores, trabajadores de información y estudiantes de periodismo.
La Fiscalía General de la República deberá crear una unidad fiscal para investigar delitos o faltas en contra de los derechos de periodistas y comunicadores.
El artículo 12 del proyecto considera agresiones contra periodistas acciones contra la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información, acciones que afecten sus derechos laborales, patrimoniales, de género o digitales, acoso laboral, sexual, físico o psicológico, expresiones de violencia de género o en virtud de la orientación sexual, secuestro de equipo o material periodístico excepto por autoridad fiscal o judicial. La ley permitiría medidas de protección.
En la normativa se propone que la protección laboral legislada en todos los instrumentos legales aplique a todos los que presten un servicio por más de dos días consecutivos aún cuando no haya contrato o documento firmado y que los plazos de prueba no excedan de 30 días y sean pagados en su totalidad.
En el proyecto, también se propone la creación de una institución autónoma para poner “en marcha” un sistema de seguridad previsional cuya ley tendría que estar lista en 18 meses.