El gobierno propone declarar zona exenta a 26 municipios de oriente y que sea por decreto legislativo. La oposición propone considerar a los 262 municipios y que lo decida el Presidente, en un decreto ejecutivo. / DEM


La Asamblea Legislativa tiene dos proyectos para crear en el país zonas geográficas en donde se ubiquen empresas que estarán exentas de impuestos durante un plazo. Los partidos ARENA, PCN y PDC presentaron ayer su proyecto de “Ley Marco para el Establecimiento de Zonas Especiales de Inversión y Desarrollo”.

La iniciativa difiere del proyecto de Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, presentado por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, acompañado de los titulares de Economía, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), el 3 de julio de 2018.

El proyecto de los partidos de derecha plantea que las “Zonas Especiales de Inversión y Desarrollo” (Zides) serán declaradas por decreto ejecutivo por el Presidente de la República luego de un dictamen del Ministerio de Economía y de la aprobación del Consejo de Ministros, y de una carta de intención de los alcaldes de la Zide con la respectiva aprobación de concejos plurales.

Este decreto, según el proyecto, delimitaría la zona y señalaría los municipios de la Zide y los incentivos fiscales.

El proyecto presentado en julio por el Gobierno plantea en su artículo 4 una declaración legislativa de la Zona Económica Especial (ZEE) de la región Sur Oriental de El Salvador, delimitándola como ZEE en 26 municipios: 14 de Usulután, cuatro de San Miguel; y ocho de La Unión.

En el proyecto presentado ayer, la magnitud y el plazo de los incentivos fiscales dependerán del monto de la inversión, la cantidad de empleos y la generación de desarrollo social del proyecto, pero señala que los incentivos que daría esta normativa serían superiores a los contemplados en leyes de turismo, zonas francas, servicios internacionales e incentivos a energías renovables. La exoneración de impuestos tendría una duración de siete años.

El proyecto exigiría inversiones nuevas superiores a los $2 millones con un mínimo de 100 empleos directos.

El proyecto del Gobierno plantea una inversión de al menos $5 millones en los primeros tres años y generar no menos de 200 empleos directos, destinando 3 % de la inversión al desarrollo social.

Para los impuestos municipales, proponen una exención total por un plazo de 25 años para los operadores económicos y desarrolladores; y de 12 años para el Impuesto sobre la Renta sobre utilidades.

 

Gobiernos extranjeros

El proyecto de ARENA, PCN y PDC, tiene una prohibición que no tiene la iniciativa presentada por el Gobierno. Ésta es que no se podrían “ceder, hipotecar”, “grabar o transferir” los permisos o autorizaciones, los derechos conferidos en éstos, “a ningún gobierno o Estado extranjero”. El Gobierno vetó una reforma que prohibía la venta de islas a extranjeros, excepto cuando tengan el voto de 56 diputados.