CIDH hará audiencia por régimen de excepción este viernes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado salvadoreño y a 11 organizaciones solicitantes a una audiencia pública para abordar el manejo de los derechos humanos durante el régimen de excepción en el país, este viernes 14 de julio. Según las organizaciones, informarán a la CIDH sobre las ejecuciones extrajudiciales y tortura en El Salvador, durante los 16 meses de vigencia del estado de excepción. La audiencia está convocada para las 9:00 de la mañana, hora local, y será transmitida por las redes sociales de la Comisión. Según el calendario de las audiencias públicas, del 187 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones solicitantes son Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por los Derechos Civiles y Políticos, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Servicio Social Pasionista (SSP) y la Organización Mundial contra la Tortura. En mayo reciente, un informe de Cristosal documentó 153 muertes al interior de los centros penales durante el régimen de excepción y afirmaron que decenas de los cadáveres presentaban señales de tortura o lesiones gravísimas. Cristosal agrupó las causas de las muertes en cinco categorías: 39 fueron muertes sospechosas de criminalidad, de igual número no se tuvo dato, 29 fueron muertes violentas, 25 fueron catalogadas como muerte natural o patológica y siete, fueron agrupadas como "probablemente muerte violenta”. Un hallazgo de la investigación es la contradicción entre las esquelas del Instituto de Medicina Legal y las condiciones de los cadáveres, según fotografías. Tal es el caso de un hombre de 45 años que fue detenido el 21 de abril del 2022 y murió el 25 de mayo de ese año, en el penal La Esperanza, conocido como Mariona. Dos semanas más tardes, el fiscal general de la República afirmó que ellos archivaron 142 casos de muertes de reos detenidos durante el régimen, bajo el argumento que "no existe delito”.