Demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución

Doce ciudadanos de El Salvador interpusieron el lunes una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución de la República aprobado el 29 de abril en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa 2021-2024. Los demandantes sostienen que el acuerdo de reforma constitucional adolece de vicios de inconstitucionalidad porque se anuló la fase informativa de toda reforma constitucional, ya que el acuerdo de reforma constitucional "debe proceder" antes de las elecciones de la Asamblea Legislativa para que el pueblo pueda pronunciarse a través de las elecciones, en conocimiento del acuerdo de reforma constitucional. Según los demandantes, el acuerdo de reforma constitucional número 1 del 29 de abril de 2024 fue aprobado después de las elecciones legislativas, con lo cual "se impidió al electorado pronunciarse sobre el apoyo o rechazo a la reforma constitucional". Una segunda razón de la demanda de inconstitucionalidad es que se violó el principio de deliberación parlamentaria pública, un elemento de la democracia, y la dispensa de trámite debe ser la excepción, vicio que, según la demanda, no se subsana con el discurso del diputado que presentó la iniciativa de reforma constitucional. Los demandantes piden que se ordene la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la aprobación del acuerdo de reforma y se informe a la Asamblea que no podrá someter a ratificación el acuerdo de reforma.

¿Qué dicen los demandantes?

Uno de los demandantes, el abogado y docente Oswaldo Feusier, aseguró que el acuerdo de reforma "atenta contra los valores más básicos de cualquier democracia constitucional". Por su parte, la abogada Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal, también suscribió la demanda demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de reforma constitucional. Aseguró que los diputados el 29 de abril hicieron este acuerdo "a espaldas de la ciudadanía, mostrando una falta de honestidad y limitando la libertad de los ciudadanos en las reformas constitucionales con los procesos de votación". Reiteró que la reforma "debió haber sido propuesta previamente a la elección" pero que, en contraposición, fue aprobada "dos días antes" en un "madrugón". Por su parte, el abogado Jonatan Sisco, explicó que la demanda intenta "evitar que la legislatura pueda manipular la Constitución a conveniencia de un partido hegemónico"; aseguró que si el artículo 248 de la Constitución se modifica "toda la Constitución puede ser manipulada" en los próximos tres años y así suspender más derechos constitucionales como lo han venido haciendo. Otra de las demandantes, Ingrid Escobar, licenciada en ciencias jurídicas, espera que la Sala de lo Constitucional falle apegado a derecho. "Le estamos dando el beneficio de la duda", afirmó, en referencia a que la legislatura destituyó a la Sala de lo Constitucional 2018-2027 el 1 de mayo de 2021.