Fiscal general tendrá la facultad de nombrar terroristas nacionales, FMLN teme abusos

El fiscal general de la República tendrá la facultad de nombrar terroristas y deberá publicar un listado de los mismos, de acuerdo a las reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, cuyo dictamen fue aprobado el viernes pasado, para adaptar la legislación a las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reforma, en su artículo 34-A, dice que el "fiscal general de la República será la autoridad nacional competente para designar como terrorista nacional a toda persona natural o jurídica, cuando exista contra esta investigación, proceso judicial o condena por alguno de los actos de terrorismo contenidos en la presente ley o por su pertenencia a alguno de los grupos definidos como terroristas de acuerdo a la presente ley”. El jefe de bancada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Jaime Guevara, reconoció la necesidad de combatir el lavado de dinero de terroristas pero consideró un "problema" que le otorguen "competencias al fiscal general de la República" para "declarar la denominación de personas o grupos terroristas" en listados públicos y que serían actualizados cada año. El diputado de izquierda señaló que muchos gobiernos "abusan de su autoridad" y "silencian la disidencia pacífica con leyes que criminalizan la libertad de expresión" invocando la lucha contra el terrorismo o la seguridad. El fiscal general "emitirá una lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas, la que será pública y se actualizará de forma periódica, de acuerdo con los procedimientos internos que el fiscal general instruya”. Así mismo, la designación de terroristas podrá realizarse a petición de otro Estado siempre y cuando el otro Estado dé la información. Los diputados además emitieron un dictamen de reformas al Código Procesal Penal para incluir nuevas disposiciones sobre la extradición y un tercer dictamen de la nueva Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los tres decretos serán aprobados en el pleno en la sesión plenaria del 3 de enero. La reforma sobre la extradición pretenden cumplir el principio de reciprocidad en la extradición, independientemente del delito del imputado requerido por un Estado.