Giran nueva orden de captura contra exfiscal por apropiarse de más de $3,000 de evidencia

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una nueva orden de captura contra un exfiscal identificado como Noé Miranda Guardado, de la oficina Fiscal de Chalatenango, acusado de haber ayudado a un imputado acusado de lavado de dinero y apropiarse dinero que formaba parte de la evidencia del caso. "La Fiscalía giró una nueva orden de captura en contra del exfiscal de Chalatenango Noé Miranda Guardado, acusado de incumplimiento de deberes y cohecho propio”, explicó la FGR en la red social X. La Fiscalía señaló que Miranda favoreció a un imputado por lavado de dinero, por lo cual se apropió de más de $3,000 que formaban parte de la evidencia del caso. "El exfiscal quiso favorecer a un imputado acusado de lavado de dinero y se apropió de $3,900 en efectivo, que formaban parte de la evidencia de la investigación”, detalló la Fiscalía. Según las investigaciones, el exfiscal también solicitó más de $2,000 a un familiar del exalcalde del distrito de San Antonio de la Cruz, en Chalatenango Sur, para evitar que otro familiar enfrentara un proceso penal. "Además, el exfiscal es acusado de cohecho propio por solicitar a una familiar del exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, $2,500 a cambio de evitar que su sobrino, quien llevaba un proceso penal, fuera condenado”, explicó la entidad fiscal. El pasado 14 de noviembre, la FGR ordenó la detención de varios sujetos, señalados de pertenecer a una red de tráfico ilegal de personas que operaba en Chalatenango y Soyapango, en el que Miranda figuraba como miembro de dicha estructura. Según la FGR, en el operativo fueron detenidos Noé Miranda, un notario, un empleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y un docente universitario que realizaban diferentes funciones en la organización criminal. La red denominada por la FGR como "Estructura Ganaderos de Chalate", era dirigida por Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, quien purga una pena de 45 años de prisión "por los delitos de narcotráfico y tráfico ilegal de personas".