La necesidad de una educación sexual reproductiva

La cantidad de niñas y adolescentes que resultan embarazadas en el país continúa siendo alta. Hace diez años la cantidad rondaba en los 25 mil y el año pasado se registraron alrededor de 8 mil casos. Es decir que en 2023 un promedio de 21 menores de edad fueron embarazadas cada día. La última Encuesta Nacional de Salud (ENS) establecen que la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) pasó de 74.0 a 39.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes de 15 a 19 años, entre el 2014 al 2021. En el país se han dado embarazos en niñas desde los nueve o diez años. Al Estado atender estos casos le cuesta unos 113 millones de dólares, ya que hay que darles atención en el área de salud y en muchos de los casos debe activarse el sistema de justicia, ya que son embarazos producto de violaciones, cuyos autores son castigados con severidad. Si la cantidad de menores de edad embarazadas es preocupante mucho más lo es el modo en que se generan esos casos. La mayoría suele darse en comunidades empobrecidas y en la zona rural. No hay un dato oficial cuantificable, pero en más del 50 ciento de los casos de niñas y adolescentes embarazadas, éstas no tuvieron acceso al sistema educativo o solo lo hicieron en los primeros grados. Las estadísticas indican que la mayor parte de casos se concentran en San Salvador, Santa Ana, La Libertad y Sonsonate, precisamente los departamento más poblados. Además, las características de su contexto es el abandono escolar (o el nulo acceso al sistema educativo) y la pobreza, así como variables de coyuntura cultural tal es el hecho de las uniones o acompañamientos tempranos, El sistema judicial lleva sus propia función y su misión es sancionar a los que embarazan a niñas y adolescentes, puesto que en la mayor cantidad de casos corresponde a violaciones o a estupros y en ocasiones a incestos o abusos de poder, como los patrones o sus hijos que someten a menores que trabajan como domésticas. Recuerdo un reportaje que realice sobre el caso de una adolescente de 13 años de edad que resultó embarazada cuando estudiaba séptimo grado en una escuela rural de la zona oriental. Sus padres denunciaron al muchacho responsable, pero resultó ser, incluso, menor que la adolescente. La justicia no pudo perseguir a nadie y la entonces ministra de Educación de aquella época se comprometió a estudiar la posibilidad de incluir Educación Sexual Reproductiva como asignatura transversal en el sistema escolar, a partir del tercer ciclo. Ya pasaron casi dos décadas y nada se ha hecho al respecto, al contrario hay quienes prefieren hablar en el sistema educativo de la ideología de género (la cual es distorsiva y confusa para la niñez y adolescencia) antes que orientarlos sobre sexualidad reproductiva. Hay quienes confunden libertinaje sexual con educación sexual. Muchos casos de niñas y adolescentes embarazadas ni siquiera son detectadas por el Estado, porque simplemente no son de su conocimiento. En la zona rural, especialmente, suele darse el incesto y por ende el silencio cómplice. El sistema obliga al personal de Salud reportar ante las instancias respectiva los casos de menores de edad en proceso de embarazo, pero aún hay casos que son evadidos. En cuanto a las violaciones con resultado de embarazo, muchas veces el violador es alguien conocido por la víctima, a saber: El padrastro, el hermano, el padre, el tío, el primo, el amigo, el vecino, el novio, el compañero o alguien de mucha confianza. Cuando son conocidos de la víctima no hay atrevimiento para la denuncia ante la justicia y a veces esos procesos de gestación se mantienen ocultos y son conocidos hasta que los bebés son llevados a controles de salud. Todavía se tiene el concepto retrógrado que basta con mantener económicamente al recién nacido o acompañarse con la niña o adolescente embarazada para evadir la justicia. Incluso, la misma menor de edad se opone a que su violador (cuando son conocidos) vayan presos, "porque entonces quedarían desamparadas y nadie les daría ayuda para ellas y su bebé”. La sociedad es injusta con estas víctimas del sistema. Un altísmo porcentaje de niñas y adolescentes que procrean será madres solteras sin nivel de formación académica y sin acceso a fuentes laborales digna, por lo que se verán obligadas a trabajar por una remuneració baja o a vivir en la pobreza y probabemente sometidas a una espiral de violencia intrafamiliar (o a una dependencia machista). Para evitar eso hay que educar en la escuela, así como en la familia, en la iglesia y en toda institución correspondiente o vinculada al tópico. Las niñas deben jugar y las adolescentes deben vivir la malicia propia de su edad. Prioridad para ellas, sus padres y el Estado debe ser que tengan acceso a la educación, en donde todo estudiante tenga formación sobre sus derechos y deberes individuales y colectivos, así como una educación sexual reproductiva de calidad. Se debe romper el tabú y brindar una educación sana, real y oportuna en cuanto a salud sexual para evitar tanto embarazo forzado o no deseado y tantos casos de violaciones. Lo ideal sería cero casos de embarazos de niñas y adolescentes.