Los verdaderos motivos

El debate político sobre las próximas elecciones ha sido aplastantemente acaparado por la enfermiza y trasnochada pretensión inconstitucional de reelección continua del presidente Bukele, quien padece de una metamorfosis crónica que se acelera con la llegada tardía de cada medio día, asemejándolo cada vez más en cuerpo y alma con la imagen y espíritu del fatídico dictador Maximiliano Hernández Martínez. Forzar su reelección parece ser el desesperado cálculo ante la disyuntiva de enfrentar una larga y pesada cadena de procesos y demandas por abultados excesos de poder, flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, nepotismo, abuso de recursos del estado y presumibles hechos de corrupción. En esta carrera desesperada del régimen de Bukele por perpetuarse asegurando el control absoluto del poder han manipulado las normas, hasta convertir las legítimas aspiraciones de los migrantes para votar desde el exterior en un mecanismo fraudulento, cargando por ley todos los votos legislativos de quienes registran una dirección en el exterior a la circunscripción de San Salvador; presumiblemente para contrarrestar la pérdida de simpatías en la capital, territorio generalmente más informado donde crece el malestar por los abusos gubernamentales, la profundización de la crisis económico-social y el descontento por el incumplimiento de promesas. En su extraña desesperación por acarrear votos, digo extraña porque si Bukele y su partido consideran ser tan populares, es incomprensible tanta desesperación en imponer una ley irregular que impide la construcción de un padrón de electores para verificar la identidad de los votantes con pasaporte de los que ni la misma Dirección General de Migración y Extranjería puede dar fe de su existencia, como aquellos compatriotas que partieron en la década de los sesenta, setenta u ochenta o de aquellos que no tienen un domicilio específico en el exterior. El Art. 77 de la Constitución establece que para votar "es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral” elaborado por el TSE, lo que implica un proceso de alimentación y depuración que solo el TSE puede realizar. El Registro Electoral es un tema sumamente delicado y vulnerable para la integridad y confianza de una elección; la existencia de un registro y padrón auditable es un requisito universal para valorar la transparencia de un proceso electoral. Es evidente el desconocimiento (o la perversa malicia) de la mayoría de legisladores gubernamentales de la Comisión de Reformas Electorales, instancia que en un año y medio apenas emitió seis dictámenes: tres de reformas, una de archivo, uno para la derogatoria de una ley y aprobó una norma incompleta, tardía y deficiente para el voto en el exterior, vulnerando e invadiendo las competencias del TSE. Además, avaló la separación del Registro Nacional de Personas Naturales, encargado de la identificación ciudadana y que siempre estuvo articulado al TSE, ubicándolo calculadamente bajo la dirección funcional del Ministerio de Seguridad. Esta dislocación impide el seguimiento y verificación de la base de datos que sirve de base para conformar el Registro Electoral y genera dudas y suspicacia sobre la conformación del padrón de electores. Las deficiencias de la Ley del Voto en el Extranjero son graves por el peso migratorio de nuestra diáspora. Como parámetro del fenómeno debe considerarse: durante los cinco años del anterior gobierno, según datos de autoridades norteamericanas intervinieron a 269,461 salvadoreños en la frontera sur de EEUU; mientras que en los tres años y medio del régimen de Bukele han sido intervenidas 305,236 compatriotas migrantes, sin ponderar el volumen migrado durante años anteriores. Por lo tanto, es incierto el universo del potencial de electores salvadoreños solo en EEUU. Por esa razón establecer un padrón electoral es una condición para calcular los recursos de organización y logística del TSE, su ausencia también genera una puerta trasera que vulnera el sistema electoral en relación con la imposibilidad de comprobar quienes ejercen el sufragio. Las reformas impuestas por el régimen y su legislatura, violentan la Constitución, son extremadamente tardías, vulneran el registro electoral, excluyen el voto exterior sobre El Parlamento Centroamericano y los Concejos Municipales, sin más sustento que la "dificultad”, como si las sentencias no tuvieran que cumplirse por "difíciles” que sea su implementación; limitan el derecho de vigilancia de los partidos políticos sobre el proceso y gestión del Registro Electoral; no establecen mecanismos integrales de auditoría sobre el voto electrónico (por internet y presencial); concentran fraudulentamente votos legislativos del exterior sobre San Salvador y, para colmo, no es transparente al eliminar los procedimientos de licitación.