Magistrada antimafia: recursos contra juicios colectivos a pandilleros “son mínimos”

Linda Peraza, quien funge como magistrada presidenta de la Cámara Segunda contra el Crimen Organizado de San Salvador, aseguró ante un grupo de diputados que es "mínima” la cantidad de recursos de personas procesadas en juicios colectivos acusados de ser parte de "clicas” de pandilleros. "Ahorita lo que hemos conocido sobre recursos... Los tribunales de sentencias son que están agrupando y procesando, pero son mínimos, ahorita están haciendo todo el trabajo los honorables jueces de crimen organizado que están conociendo sobre ello”, dijo, ante una pregunta de la diputada Alexia Rivas, del partido oficial Nuevas Ideas. La magistrada aseguró que el "procesamiento se está conociendo” en las más de 40 tribunales contra el crimen organizado. "Nos llegan recursos, lo puede hacer como la mitad de las personas”, dijo, sin dar una cantidad específica. La diputada Alexia Rivas le preguntó si ha tenido alguna experiencia con la aplicación de la Ley Penal Juvenil y cuál es su opinión sobre los juicios colectivos, una figura mediante la cual se está procesando a parte de los 80,000 capturados por el régimen de excepción. ¿De qué manera ha facilitado algunas sentencias para las clicas?, le preguntó el lunes Rivas en la Comisión Política. La funcionaria explicó que la Cámara conoce de recursos y opinó que siempre hay garantía para los acusados que son menores de edad pero que "lo diferente” es que se les procesa "junto con personas que están en el crimen organizado”. "Lo diferente que hay en estos casos para dirimir este tipo de recursos que estas personas el tratamiento que se da es con la criminalidad organizada. Generalmente, lo que se alega es que a los menores se les está aplicando crimen organizado, lo que se está aplicando es la Ley Penal Juvenil, lo que es diferente es el procesamiento de esa clica, que va junto con esas personas que están en el crimen organizado”, dijo. La magistrada también elogió el régimen de excepción en El Salvador, que suspende el derecho de defensa, el tiempo máximo de detención y la autorización judicial para las intervenciones telefónicas. "Yo considero que un ciudadano procesado siempre se le garantiza lo que son sus derechos... La diferencia que puede existir es que, cuando una persona no se puede como defender, obviamente aunque se le asista con una buena defensa técnica, siempre esta persona va a continuar siendo lo que es, una persona delincuente”, dijo la magistrada. Las "Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022” aprobadas el 27 de julio de 2023 permite que la Fiscalía pueda acusar a los imputados "en una sola causa en virtud de su pertenencia a la organización” con criterios de "estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio fiscal”. Las disposiciones tienen una vigencia de dos años.