Olivo pregunta si el gobierno procederá a capturarlo por su votación sobre reelección

Julio Olivo, uno de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó hoy que votará "con base a la Constitución de la República" si el presidente de la República, Nayib Bukele, se inscribe como candidato a la Presidencia para el periodo 2024-2029, pero se preguntó sobre cuál será la reacción del Estado. "Yo voy a votar, ya lo señalé, con base a la Constitución, si todavía estoy en el cargo", afirmó el funcionario en el programa A primera vista de la radio 106.9 FMLN. Sin embargo, cuestionó sobre cuál será la reacción del gobierno. Señaló que la destitución del cargo es un miedo presente en los otros magistrados. "La Asamblea Legislativa puede decir, y ese es el temor también de algunos magistrados, de destituirnos como hizo con el fiscal, como la Sala de lo Constitucional”. Olivo calificó como "una estrategia” que los legisladores aún no hayan destituido a los magistrados del Tribunal para legitimar los comicios de 2024. "Ahí, la idea de ellos, la estrategia política, la táctica, algunos hasta lo que los confiesan, es mantener a los (magistrados del TSE) que fueron nombrados, dicen ellos, por la Asamblea que gobernaba Arena, el FMLN, Gana, PCN, algo así como para legitimar las elecciones”, señaló. El magistrado Olivo ha sido que ha mencionado que la base de su voto será la Constitución. Los otros cuatro magistrados han indicado que cumplirán la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021 luego de haber sido sustituida el 1 de mayo, en la que avala la reelección en periodo inmediato del mandatario salvadoreño. El artículo 88 de la Constitución señala que "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político”. En marzo de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó el delito de obstaculizar o impedir la inscripción de candidaturas que se considere cumplen los requisitos de ley. La reforma al artículo 295 del Código Penal inició su vigencia el 24 de febrero y aumentó las penas de prisión para el delito de "fraude electoral”, a un rango entre 10 y 15 años, agregando la conducta de obstaculización a la inscripción de candidaturas que cumplan los requisitos de ley.