Oposición no cree que nueva ley antilavado logre controlar activos digitales

En una primera reacción sobre la nueva Ley contra el lavado, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, la oposición manifestó estar de acuerdo con acatar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero no cree que haya capacidad para fiscalizar las transferencias en bitcoin o activos digitales. La nueva ley obligará a los proveedores de servicios de activos digitales a reportar transacciones sospechosas. El diputado Rodrigo Ávila, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), está de acuerdo en que "la ley sea más ágil y se cumplan recomendaciones del GAFI" pero no cree que se garantice realmente el control de las transferencias de bitcoin o de activos virtuales. "¿Usted cómo va a regular si es una moneda descentralizada y las operaciones se hacen con personas que no tienen ningún nivel de formalidad?", manifestó a Diario El Mundo. El partido opositor criticó la falta de discusión y la rapidez en la aprobación de la normativa conocida la noche del jueves. "En general, está bien. Había un par de cosas, pero ahí no se puede dar opinión y, cuando uno da opinión, lo empiezan a insultar", señaló Ávila. Rafael Lemus, asesor de Arena, también expresó dudas de la capacidad de la Comisión de Activos Digitales para controlar "todas las billeteras de criptomonedas" porque "la gracia de la criptomoneda es que son operaciones anónimas". Por su parte, el jefe de bancada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Jaime Guevara, aseguró que la ley busca dar cumplimiento a una exigencia. "Creemos que no habrá control, el asunto es más para dar cumplimiento a una exigencia", explicó. El dictamen favorable de la nueva ley antilavado fue aprobado el jueves 22 de diciembre en la Comisión de Seguridad; se espera que la normativa sea aprobada por el pleno legislativo el 3 de enero. Fue aprobado junto a una reforma a la Ley contra el terrorismo y otra reforma procesal que norma la extradición. Un especialista en el tema que pidió su anonimato sostuvo que la reforma antilavado podría buscar cumplir estándares del GAFI con el control a activos digitales para desentrampar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reducir "el hostigamiento de Washington sobre el tema de lavado de activos a partir del peligro que representa el bitcoin". El Salvador está actualmente bajo el examen del GAFI y espera una visita in situ en enero de 2024. El experto advirtió que esto no garantiza un control real al bitcoin. "Van a vender una nueva ley pero de nada sirve si la Unidad de Investigación Financiera o la Superintendencia no tiene independencia para sancionar, ¿va a sancionar a Chivo Wallet –la billetera del bitcoin creada por el gobierno– cuando verifiquen que no cumplen la debida diligencia a sus clientes?", cuestionó. Por su parte, el abogado Martín Martínez, especialista en análisis de lavado de dinero, aseguró este proyecto requería escuchar a los sujetos obligados y a diversos sectores porque son "leyes tan delicadas que imponen sanciones a sujetos obligados". "Esperemos en el pleno un debate serio, es una ley que tiene sanciones administrativas muy contundentes, entiendo la preocupación de querer quedar bien con el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica)... Vamos a ver si este instrumento ayuda a la eficacia en el combate al lavado", indicó. El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal el 7 de septiembre de 2022 y creó una Comisión de Activos Digitales el 9 de enero de 2023 para administrar los registros de los emisores, certificadores y proveedores de los activos digitales. El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que pretenden cumplir "estándares internacionales antilavado de activo y contra el financiamiento del terrorismo" y evitar "prácticas abusivas" de cerrar cuentas o negar operaciones financieras a personas "sin haber sido vencidas en juicio". Consideró que la ley vigente "está afectando a los inversionistas extranjeros que quieren invertir en El Salvador", emprendedores y sociedades mercantiles. "Se generan mejores condiciones de competencia para los negocios emergentes", dijo el fiscal. La nueva ley también permitirá a las instituciones financieras aplicar medidas "simplificadas, estándar o intensificadas" al perfilar a sus clientes y el origen de sus fondos, analizando su riesgo antes de reportar sus operaciones sospechosas a la Fiscalía. También, quita de los sujetos obligados a inversionistas nacionales e internacionales, sociedades mercantiles e instituciones de economía mixta del listado de los obligados a reportar movimientos financieros sospechosos. Para el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, es posible cumplir estándares internacionales sin tener "una política de exclusión financiera". Según Villatoro, con la ley que será derogada "era más fácil" que le abrieran cuentas "a verdaderos lavadores de dinero" que a una denominada Persona Expuesta Políticamente. "No teníamos todos los salvadoreños por qué estar pagando el plato de lo que hacían los terroristas que por años montaron aquí en el país un Estado paralelo", afirmó el funcionario del gobierno de Nayib Bukele, en referencia a los 74.000 supuestos pandilleros capturados durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022. La normativa agrega a la lista de las Personas Expuestas Políticamente a diplomáticos, directores de sociedades con activos estatales, dirigentes de partidos políticos y altos funcionarios extranjeros, como jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, embajadores o quienes hayan tenido funciones prominentes para una organización internacional, entre otros. El diputado del partido oficial Julio Marroquín señaló que esta legislación beneficiará a los salvadoreños que quieran regresar a su país. "Recuerdo un amigo personal que decía 'yo traía $15.000 para comprar mi casita, me lo retuvieron por 90 días", expresó.