En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller salvadoreña Alexandra Hill rechazó tajantemente violaciones a derechos humanos contra defensores de derechos humanos, periodistas y personas privadas de libertad denunciadas, en la misma audiencia, por representantes de organizaciones salvadoreñas.
¿Qué habían dicho las organizaciones?
Las organizaciones salvadoreñas reportaron violaciones a derechos de activistas, periodistas y personas privadas de libertad.
Mencionaron la instalación de programa
Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021 en teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos, 693 casos de agresiones contra periodistas entre 2020 y 2023, vigilancia y detenciones contra defensores comunitarios, como
José Santos Alfaro, quien permaneció privado de libertad por al menos dos meses.
Reportaron 32 casos de detenciones, ataques contra mujeres periodistas, retrocesos en materia de género, dificultades en inscripciones de personerías jurídicas, acoso de la Corte de Cuentas, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Hacienda, entre otros.
Liliana Caballero, del Centro de Justicia de Derecho Internacional (Cejil), aseguró que las organizaciones de derechos humanos urgen derogar el decreto de estado de excepción y las normas aprobadas relacionadas al régimen, "que legalizan actos no convencionales como las detenciones arbitrarias, enjuiciamientos colectivos, uso generalizado de prevención preventiva oficiosa, la defensa inadecuada y el uso de jueces sin rostro".
También, solicitaron garantizar la independencia judicial, la selección de funcionarios idóneos, abstenerse de actos discriminatorios, cumplir con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizan al Estado salvadoreño por actos cometidos en el conflicto armado,
cesar el discurso y acciones estigmatizantes contra defensores de derechos humanos, medios críticos y periodísticos.
Gobierno pide a la CIDH no dejarse "instrumentalizar”
A la audiencia de la CIDH asistió una delegación de alto nivel del gobierno salvadoreño: la canciller Alexandra Hill Tinoco; el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán; el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros; el secretario de la Sala de lo Constitucional; el procurador general de la República, representantes de la Fiscalía General de la República, e "instituciones del Órgano Ejecutivo vinculadas con este tema”, Karina Burgos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, aseguró en la audiencia, ante la CIDH, que este nivel de participación es un compromiso "para con la promoción y la defensa de los derechos humanos” pero
enfatizó en su rechazo "de forma categórica y contundente las aseveraciones que muy alejadas de la realidad y de manera poco infundada se han expresado en esta audiencia”.
La ministra de Relaciones Exteriores destacó que "los electores decidieron renovar con un 82 % de los votos válidos una amplia mayoría histórica y reconocida que El Salvador continúe profundizando los cambios por el
presidente Nayib Bukele, quien con su visión de Estado y liderazgo inquebrantable ha convertido a nuestro El Salvador en un referente regional en materia de paz, seguridad y democracia”.
La funcionaria aseguró que el gobierno salvadoreño tiene como prioridad establecer "un diálogo con la
CIDH” pero advirtió que le "sorprende que no exista ni siquiera un reconocimiento hacia nuestros jueces, fiscales, procuradores, incluso policías, soldados, quienes todos los días ponen su vida en pro de salvaguardar de neustro pueblo salvadoreño”.
La funcionaria defendió el régimen de excepción y
cuestionó "la coincidencia de convocatoria de audiencia por la Comisión y la presentación de estudios por parte de algunas organizaciones sociales solicitantes”.
CIDH rechaza estar siendo instrumentalizada y pregunta sobre derechos
El
comisionado de la CIDH Carlos Bernal, quien reconoció la comparecencia y el interés de la delegación del gobierno salvadoreño del más alto nivel presente en la audiencia,
preguntó cómo se garantiza el debido proceso en la agrupación de acusados, si los oficios se realizan por videoconferencia y si tienen algo que decir sobre una alegación de personas torturadas en las cárceles.
La
comisionada de la CIDH Andrea Poshak, relatora sobre movilidad humana, reconoció los avances en El Salvador en seguridad y economía. "El Salvador ha avanzado considerablemente en esos aspectos”, dijo.
Poshak preguntó por qué han considerado que las organizaciones están realizando una "instrumentalización dañina al advertir sobre temas de derechos humanos”. Aseguró que pueden discutir sobre el estado de excepción pero que además también pueden discutir sobre los derechos humanos. "Yo no veo como ustedes admitieron por qué nosotros estaríamos siendo víctimas de una instrumentalización de intereses espurios”, cuestionó.
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, pidió a la delegación del gobierno salvadoreño compartir ejemplos sobre la función de frenos y contrapesos en la libertad de expresión; y mencionó la posibilidad de que la CIDH haga una visita a El Salvador.
Aseguró que la Relatoría de la CIDH ha dado seguimiento a la violencia de pandillas contra periodistas, ejemplificó el asesinato del camarógrafo Samuel Rivas de Megavisión el 16 de noviembre de 2017. Preguntó también sobre los avances en la investigación sobre la instalación de Pegasus en celulares de activistas y periodistas, las 498 agresiones denunciadas contra la prensa y la alegación sobre la falta de acceso a la información.
Por su parte, la
secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, preguntó cuál es el fortalecimiento de la Procuraduría para hacer una adecuada defensa que no tienen una defensa privada.
La presidenta de la CIDH preguntó sobre los largos periodos de detención a personas inocentes y juicios masivos, cómo responden a la falta del debido proceso y sobre la restricción de la libertad de expresión.
Una representante de las organizaciones urgió al gobierno el "cese del discurso y acciones estigmatizantes contra organizaciones de derechos humanos, medios críticos y periodistas garantizando entornos habilitantes para el desarrollo de nuestra labor sin temor a represalias”, como "censura, agresiones, acoso y criminalización”.
El comisionado de derechos humanos y justicia de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, negó casos de tortura.
El presidente de la Sala de lo Penal respondió que los megajuicios no son "de ahora" y es una experiencia que no se limita a El Salvador, sino que se aplicó, por ejemplo, a la mafia siciliana en Palermo. Añadió que, si no se encuentran pruebas contra una persona, se le exonera.