Vientos desde el norte para Nicaragua

El que tanto voceros estadounidenses como la pareja Murillo-Ortega nieguen concesiones para que 222 presos políticos nicaragüenses salieran de la prisión no significa que no existan. Tensionadas casi al máximo las cuerdas de la relación bilateral pública entre ambos gobiernos, poco a poco saldrán a la luz los detalles reales de las negociaciones y el rol de posibles mediadores como el Vaticano o la visita que en diciembre pasado hiciera a su país Humberto Ortega, hermano del Presidente y exjefe del ejército sandinista. Para Emely Mendrala, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, esta acción representa "...un paso positivo que pueda ser un paso primero hacia la dirección de una restauración de la democracia y un mejoramiento del clima de derechos humanos en Nicaragua”. Para Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ahora es posible "...abrir la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua”. Ambas declaraciones pueden ser demasiado optimistas. Recibidos en Washington DC bajo "parole” humanitario, estos cientos de estudiantes, líderes campesinos, exguerrilleros, periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios, religiosos, abogados defensores y algunos exfuncionarios sandinistas, que han sufrido prisión por oponerse a las restricciones de libertades en su país, tuvieron conocimiento de una nueva violación a sus derechos. En cadena nacional se anuncia desde Nicaragua que por decreto dejan de ser nicaragüenses. Si bien es cierto que la decisión de la pareja presidencial pareciera más muestra de debilidad que de fortaleza, es claro que los Ortega-Murillo esperan sacar alta raja política internacional a su favor. Liberados los rehenes, bajaría la presión, lo que le permitiría al régimen oxigenarse. Un factor inesperado rompe estos cálculos: el rechazo del Obispo Álvarez al destierro. El senador Rick Scott ha manifestado que la administración Biden está apaciguando a dictadores en toda América Latina. Al escuchar una afirmación tan fuerte es inevitable pensar también en El Salvador. Señala además el senador republicano que espera que esta operación "...no sea parte de un programa de apaciguamiento”. La visceral represalia de Ortega contra el obispo Álvarez, al condenarle a 26 años de prisión en Cárcel Modelo, evidencia que se está muy lejos de cambios en la brutal política represiva del gobierno nicaragüense y da razones suficientes para no flexibilizar posiciones desde la comunidad internacional, que ya, de por sí, no se ha mostrado suficientemente contundente. La falta de oportunidades para vivir dignamente en Nicaragua es la principal causa de expulsión de su población que por décadas se ha movilizado hacia Costa Rica. Sin embargo, desde los eventos represivos en abril 2018, el número de migrantes de origen nicaragüense que busca los Estados Unidos como país de destino es cada vez mayor. Ya Ortega había afirmado en octubre pasado que, si Estados Unidos continuaba implementando sanciones contra su país, aumentaría el número de inmigrantes en sus fronteras. La represión de policías, militares y paramilitares contra protestas sociales en el 2018 dejó al menos 355 muertos, 2 mil heridos y más de 100 mil exiliados. 25 mil nicaragüenses han solicitado refugio en España. Más de 3 mil organizaciones no gubernamentales inscritas legalmente han sido disueltas en Nicaragua. Las restricciones a la libertad de asociación también afectan a más de 50 medios de información clausurados, como diario La Prensa, ocupado por la policía desde agosto de 2021. Quedan aún más presos políticos privados de su libertad por supuestos delitos de "divulgación de noticias falsas”, "traición a la patria” o "conspiración”. Pendiente también la liberación de familiares de opositores condenados a varios años de prisión en venganza porque lograron huir del país antes de ser capturados, como el caso del economista Javier Álvarez Zamora. Queda pendiente la restitución de sus derechos a quienes se les ha pretendido dejar en la apatridia, fuera de toda norma básica de derecho internacional en un acto que configuraría una violación de lesa humanidad. Quedan impunes las muertes en prisión de Hugo Torres y Eddy Montes. Este 9 de febrero será fecha histórica para Nicaragua. Un día que debe celebrarse. Celebrar, como lo hace la legendaria Dora María Téllez, que no se doblegaron ante el autoritarismo, el mismo que dijo al mundo que se pudrirían en la cárcel y nunca más verían la luz del sol, como se lo recuerda a Ortega su ex vicepresidente, el escritor Sergio Ramírez. Los ahora ex presos políticos son un símbolo de resistencia y seguirán luchando, cada quien desde la trinchera que escoja, porque nadie les puede decir que no son nicaragüenses. Debemos pensar también en los que siguen resistiendo desde adentro. Quizás no está cerca el día en que en Nicaragua pueda vivirse bajo un sistema garante a los derechos humanos, pero el ejemplo de estas gentes nos dice a todos que no está en duda que ese día llegará.