En las últimas semanas nuestro país se ha visto conmovido por una serie de homicidios múltiples, en diversos puntos del territorio nacional, con saldos rojos de numerosas víctimas, que incluyen hasta elementos policiales y militares que, en conjunto, solo vienen a confirmar que los anunciados planes de seguridad pública devinieron en proyectos fallidos, que constituirán el saldo negativo más visible de la administración ejecutiva que se encuentra en sus postreros días de ejercicio oficial. Este fenómeno sociopático, de graves repercusiones en otros órdenes de las actividades nacionales, es materialmente imposible estar pidiendo rendición de cuentas, o solicitar que el actual gobierno saliente dicte soluciones al respecto, pues todo indica que el tiempo ya no les será suficiente y que todo debe quedar pendiente para la nueva etapa de mando presidencial, el cual se iniciará el 1 del próximo mes.

Cuando un país acusa elevados índices de criminalidad, eso influye no solo para que se nos ubique en una desafortunada lista de ser naciones peligrosas para propios y extraños, sino que afecta, de manera directa e indirecta, la actividad importante de las inversiones que podrían disminuir en forma evidente, agravando el deprimente nivel económico, generador de empleos y el crecimiento financiero en general que, aunado al clima de inseguridad, provoca, como una consecuencia negativa, que crezcan las migraciones y que el país pierda en esas caravanas, gentes con inteligencia e iniciativas provechosas, retrasando el desarrollo integral de nuestra nación ante una creciente influencia de la llamada “cuarta revolución industrial”, que en países tan distantes como los europeos y asiáticos, es actualmente objeto de planes, medidas y estrategias para sus juventudes actuales y futuras. Mientras aquellos ya proyectan viajar en carros aéreos eléctricos, por decir algo, nosotros nos quedaremos viajando en motocicletas inseguras. Han transcurrido diez años de promesas que solo tuvieron vida en documentos pero que, en la práctica cotidiana, se esfumaron en contundentes fracasos y medidas dañinas, que solo representaron grandes erogaciones de recursos públicos para cero resultados. Veamos el caso emblemático de la oscura tregua pactada con las pandillas donde, a la postre, quienes se favorecieron inmensamente, fueron los personajes que la impulsaron y las mismas asociaciones ilícitas.

El pueblo salvadoreño, nuestro amado pueblo trabajador y dinámico, solo puso la cuota sangrienta de miles de inocentes víctimas sin distingos de género, profesión, posición o edad. Las cifras de mujeres, ancianos, niños y adultos, con centenares de personas desaparecidas cuyo paradero aún se ignora, son tan abultadas y espantosas que son como una bofetada a la conciencia histórica de todo El Salvador. Pero para otros sujetos, enquistados en los estamentos sociales o políticos, esa debacle de la inseguridad nacional, fue el pretexto para solicitar presupuestos cada vez más cuantiosos que, tal como comienzan a ventilarse en ciertos juicios penales, esas partidas millonarias se desviaron en la adquisición de suntuosas mansiones y fincas, vehículos de colección, viajes al extranjero, sin faltar bacanales escandalosas en lugares bien específicos, con derroche de licores carísimos y mujeres de danzas sensuales, que hasta traspasaron las celdas penitenciarias, mientras el pueblo miraba impotente cómo sus impuestos se diluían en cosas y actividades lujuriosas, mismas que eran inservibles para su propia seguridad personal y paz mental. Ese balance doloroso y bochornoso no lo borrarán nunca esos individuos y asociaciones, aunque se disfracen como Heidi, la graciosa pastorcita de los japoneses.

El futuro del país lo depositamos en la voluntad de Dios y en la cordura de los nuevos gobernantes, para el sabio y correcto manejo de la cosa pública. La experiencia de los últimos 20 años de administración desastrosa del Estado, debe constituirse en el claro espejo donde deben mirarse los que tomarán las riendas del poder nacional a partir del 1 de junio entrante, priorizando aspectos escalofriantes como la inseguridad ciudadana y territorial que, de resolverse, favorecerán las inversiones y la generación de empleos, que disminuyan las caravanas de migrantes, sin dejar en el tintero una adecuada y exacta inversión de los recursos estatales en obras de bien común, que gobiernos anteriores utilizaron fraudulentamente, ante la mirada gris de la complicidad fiscal del ente contralor de los dineros públicos.