El padre Ricardo Cortez era director del Seminario de Santiago de María, usulután. / DEM
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, demandó el domingo que el asesinato del sacerdote Ricardo Antonio Cortez no quede en la impunidad y se quejó que no hay ninguna noticia sobre la investigación del crimen.
“Pedimos una vez más al gobierno de la República y a las autoridades judiciales que se investigue el crimen cometido y se haga justicia, para que no quede en la impunidad como los anteriores asesinatos a los sacerdotes”, demandó Escobar Alas.
El arzobispo sostuvo que “es verdaderamente lamentable que en todo este tiempo no haya ninguna noticia de la investigación del crimen”
“Es imposible que salgamos de la terrible situación de violencia en que vivimos si se favorece la impunidad y se niega la justicia a las víctimas. Solo cuando hay justicia, los crímenes dejando de cometerse”, aseguró Escobar Alas.
Cortez fue asesinado el pasado 7 de agosto y su cuerpo fue descubierto a bordo de un vehículo de la casa parroquial de Zacatecoluca, en el kilómetro 80 de la carretera Litoral, a la altura del cantón Santa Cruz Porrillo, municipio de Tecoluca, San Vicente.
El sacerdote de 45 años de edad era rector del seminario mayor de Santiago de María, en la diócesis de Zacatecoluca, y era encargado de filosofía del seminario.El asdf aLimón, del referido municipio. Ese lugar fue escogido por la estructura para esconder los cadáveres con el fin de no levantar sospechas de las autoridades y evitar que los localizaran.
Recuerda masacre
El arzobispo también criticó que a diez años de la masacre de 72 migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas, el crimen continúa en la impunidad.
“A la fecha han pasado diez años y ese espantoso crimen, como muchos otros más cometidos a nuestros hermanos migrantes, sigue en la impunidad”, denunció el arzobispo.
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, 72 migrantes, incluyendo 14 salvadoreños, fueron ejecutados por la banda de narcotraficantes mexicanos conocido como Los Zetas. Aunque hay 15 personas detenidas por el crimen, no han sido condenadas en tribunales.
“Exigimos a las autoridades correspondientes que brinden justicia a las víctimas y levantamos la voz para pedir el debido respeto a los derechos humanos para todos nuestros hermanos migrantes”, enfatizó el arzobispo capitalino.
Ninguna de las familias de los migrantes -la mayoría centroamericanos y sudamericanos- ha recibido compensación alguna tras la matanza ocurrida en 2010.
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, destino final de los 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
Todavía nueve cadáveres permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México aún sin ser identificados.