La mayoría de diputados votó por los decretos que favorecieron a empresas, despedidos o suspendidos, leche-ros y usuarios de agua y luz. / Óscar Machón
Una autorización para que las empresas de alimentación y bebidas operen, en emergencia, la atención de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a personas despedidas o con contratos suspendidos y una reforma presupuestaria de $42 millones para la emergencia fueron algunos decretos aprobados ayer por la Asamblea Legislativa.
El paquete de decretos pretende beneficiar a los afectados directa o indirectamente por la emergencia nacional debido al coronavirus, que ha cobrado la vida de 15 salvadoreños dentro y fuera de país.
Parte de las aprobaciones legislativas pretenden favorecer a sectores productivos específicos golpeados económicamente por la cuarentena nacional desde el 21 de marzo.
El órgano legislativo aprobó las “disposiciones transitorias para el apoyo al sector lechero nacional” para restringir temporalmente la importación de productos lácteos provenientes de la región centroamericana por el 40 % mientras dure la emergencia nacional.
Este decreto pretende quitar el golpe que sufrieron los productores de leche luego de la exención arancelaria aprobada para evitar el desabastecimiento de alimentos básicos durante la emergencia.
Los diputados aprobaron transitorios para permitir el “home offfice” a las empresas amparadas en la Ley de Servicios Internacionales durante la emergencia nacional, como los callcenters .
Un movimiento financiero de $42 millones para que el Ministerio de Hacienda tenga fondos para “mitigación y prevención de desastres, y la la exención de impuestos en la compra de maíz, arroz y frijol que hará el Ministerio de Agricultura para garantizar abastecimiento, son otras dos reformas aprobadas por los legisladores por la emergencia.
El órgano legislativo también autorizó a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro a que ejerzan representaciones legales o funciones nombradas de manera transitoria, aunque no hayan realizado la convocatoria de asamblea general de miembros, si finalizó el periodo de la elección 60 días antes de la declaratoria de emergencia.
De la misma manera, los diputados aprobaron dictámenes recomendables al Gobierno: masificar las pruebas del COVID-19, reorientar en la emergencia los fondos donados por China para un estadio y construir un hospital en Nejapa, así como destinar fondos para el manejo de diferentes patologías en la población del departamento de Usulután.
Un decreto para proteger a los médicos de posibles contagios también era discutido al cierre de esta edición.
Los contagios locales por COVID-19 se ubican en Usulután (dos), Santa Ana (dos) y Morazán (uno). El Salvador tiene la confirmación de dos muertes causadas por el coronavirus y 41 casos positivos.
