El diputado Reyes se opuso a la entrega del subsidio por seis meses más. / Juan C. Villafranco
Un aviso para investigar el delito de estafa, supuestamente cometido por empresarios del transporte público que reciben subsidio, fue interpuesto ayer en la Fiscalía General de la República (FGR), por el diputado de la fracción parlamentaria del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), David Reyes.
El parlamentario explicó que avisó debido a que hay rutas de buses y microbuses que no prestan el servicio de movilidad a la población.
“Durante los últimos 12 años se han entregado casi $700 millones en concepto de subsidios a los empresarios del transporte público, pero muchos de ellos han hecho de esto un negocio, se han enriquecido en grandes cantidades de dinero cobrando un subsidio por un servicio que no ofrecen a la población”, aseveró Reyes, tras entregar pruebas a Fiscalía para que inicie las investigaciones.
El diputado señaló que las pruebas que entregó al Ministerio Público son declaraciones que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio a medios de comunicación en las fechas 20 y 27 de noviembre de 2019, donde señaló que habían iniciado el proceso de suspensión de subsidio para un total de 188 unidades del transporte colectivo.
Además, Reyes presentó como indicios del delito, fotografías de unidades de transporte que no estaban transportando a pasajeros, pero cuando fue cuestionado sobre qué rutas de buses y microbuses no especificó.
El 19 de diciembre del año pasado, Rodríguez también reveló en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el Estado salvadoreño ha otorgado al menos $5 millones en concepto de subsidio a unidades de transporte inactivas.
Ayer el fiscal general de la República, Raúl Melara confirmó que tienen una investigación abierta sobre el tema, porque han recibido denuncias de funcionarios, además que pedirán una auditoría a la Corte de Cuentas de la República.