El pasado 6 de noviembre, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir el segundo préstamo con el BCIE, cuyo directorio ya preaprobó $200 millones para financiar las fases II y III del Plan Control Territorial, valorado en $575.2 millones.
El nuevo préstamo, de $109 millones, será ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para adquirir tecnología táctica y mejorar los servicios médicos a los agentes.
El artículo 9 delimita las “obligaciones generales” de las tres instituciones, una es la la elaboración de un plan de derechos humanos y uso de la fuerza para las unidades de la PNC, Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y Centros Penales. “Deberá elaborarse e implementarse un Plan de Capacitación aplicable a los Organismos Ejecutores, con enfoque de formación continua en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y armas de fuego para el personal de organismos ejecutores”, establece el Anexo J del contrato, aún no suscrito por El Salvador y comienza su estudio al interior de la Comisión de Hacienda este lunes.
Los ejecutores, según la sección 9.09, “deberán cumplir a satisfacción del BCIE” con este plan, así como una evaluación periódica del mismo. Su incumplimiento, agrega, “será causal de vencimiento anticipado del contrato” y la falta de documentos de evaluación, “podrá resultar en la no realización de desembolsos correspondientes”.
