La propuesta incluye un artículo 141-A al Código para castigar “el incumplimiento u obstaculización de las facultades, atribuciones, funciones y obligaciones” de la JVE. Sugieren que, si se obstaculiza a la JVE, se sancione con una multa de 1,000 a 10,000 colones o su equivalente en dólares y, si hay reincidencia, la baja o la destitución inmediata del funcionario o empleado púbico civil o militar en las 72 horas luego de notificación.
De acuerdo a Rigoberto Ortiz, de la JVE, uno de los altos funcionarios del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) giró instrucciones que no se les proporcionara información en su fiscalización a los servicios que proveen en Estados Unidos. Aseguró que en unidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como registro electoral o el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (Cnpre), han obstaculizado la fiscalización que ejerce la JVE.
El objetivo es hacer una mejor fiscalización de las actividades y funcionamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral.