La jueza Novena de Instrucción de San Salvador, Nora Montoya, y las partes procesales del caso penal El Cha-parral, hicieron una inspección en la presa, ubicada en San Luis de La Reina. / Óscar Machón
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pidió al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, que la maquinaria propiedad de la constructora italiana Astaldi sea embargada y entregada en depósito.
Ante esa petición, ayer, la jueza Nora Montoya que tiene el proceso penal, hizo una inspección en ese proyecto hidroeléctrico donde está instalada la maquinaria.
Sobre esos bienes ya hay una medida cautelar activa que dictó el Juzgado de Paz de San Luis de La Reina, San Miguel, que consiste en una inmovilización, emitida cuando un caso es judicializado con miras a un reclamo de responsabilidad civil.
“Por primera vez CEL, a través de una querella, ha tomado formalidad en el proceso para reclamar que este dinero que, por decirlo así, fue desviado hacia otras cuentas pueda ser recuperado a favor del pueblo salvadoreño”, dijo Orlando Quijano, gerente legal de esa entidad.
Sobre el costo de la maquinaria que pretende embargarse nadie lo tiene claro; al consultar a Quijano sostuvo que hay un valúo, pero que lo desconoce, y a esta fecha el valor podría ser inferior por el deterioro que ha tenido todo ese equipo.
Ricardo Cruz, abogado defensor de Piagostini Maiochi, manifestó que entre mayo y noviembre de 2015 se hizo el último inventario y desde esa fecha la maquinaria está inactiva y tampoco sabe en cuanto se valuó en ese entonces.
El abogado no entró en detalles sobre las acciones que su representante emprenderá para evitar que le embarguen los bienes; agregó que esa petición de embargo se hizo al inicio, pero solo autorizó la inmovilización. “Ya hay una resolución sobre ello, entonces sobre la nueva petición que se ha hecho vamos a esperar el resultado del tribunal y vamos a valorar qué nos corresponde hacer”, explicó.
Entre los bienes que CEL pretende está una máquina procesadora de piedra para obtener grava y arena especial para el proyecto; también fue inspeccionado el almacén general donde Astaldi tiene material que utilizaba hasta el día que abandonó el proyecto.
Este expediente está instruido en contra del expresidente Mauricio Funes, por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
La acusación también incluye a Miguel Menéndez Avelar “Mecafé”, señalado de blanqueo de capitales, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; también contra Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero. Los tres imputados también son señalados de agrupaciones ilícitas.
La sexta procesada es Ada Mitchel Guzmán Sigüenza, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, a quien la Fiscalía le atribuye lavado de dinero.
Los imputados son señalados de pagar a la empresa italiana Astaldi $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral.
Resolución
La jueza Nora Montoya, quien estuvo al frente de la inspección dijo que esta diligencia la programó ante la solicitud de embargo que se le presentó por parte de CEL, en calidad de querella.
“Ellos están pidiendo el embargo, desde el 2015 se hizo una inmovilización y ahorita estamos verificando la forma en que eso se pueda dejar sin efecto”, explicó la jueza; sostuvo que esta causa penal es voluminosa y compleja.
Según Montoya, hay abundante documentación y que para ella era necesario estar en el lugar de los hechos para tener una idea de los peritajes que los técnicos están elaborando, como parte de las diligencias útiles de la fase de instrucción.
La juzgadora sostuvo que el recorrido que hizo junto a todas las partes involucradas en el proceso le servirá para tomar una decisión, que tiene que evaluar la solicitud de embargo.
El caso conocido como El Chaparral se encuentra en la segunda etapa de instrucción; esta fase de investigación finalizará el 13 de mayo de 2020 y desde esa fecha la Fiscalía tendrá cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación, ese plazo finaliza el 20 de mayo.