El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, se mostró abierto a buscar información sobre los operativos militares y violaciones a derechos humanos en la Universidad de El Salvador (UES), pero expresó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no puede ordenarle ir a buscar una información que esté fuera de su jurisdicción o fuera del país.

"El IAIP no me puede ordenar a mí que yo vaya a otro país a pedir la información que no es de mi jurisdicción", indicó, señalando que hay atribuciones que no tiene ni el Ministerio ni el IAIP.

"Yo puedo entregar información que está en mi poder, que corresponde a la institución, pero algo que no tengo bajo mi jurisdicción no puedo estarla entregando, porque no es a mí al que deberían de pedírmela en ese caso", agregó el ministro, en declaraciones brindadas a periodistas este martes.

La UES ha solicitado toda la información o registro sobre diferentes hechos:

Cinco intervenciones militares: del 19 de julio de 1975 del campus central, ocupación que duró dos años; del 25 de julio de 1975 de la sede occidental; del 25 de junio de 1980 del campus central y su ocupación posterior durante 4 años; del 12 de noviembre de 1989 y su ocupación durante un año; y el cerco militar al campus de 1986 a 1990 a cargo de la Primera Brigada de Infantería a cargo del coronel Francisco Elena Fuentes.

Tres operativos militares: del 30 de julio de 1975 sobre la 25 avenida norte, del 29 de octubre de 1979 contra manifestantes incluidos asesinatos cometidos cerca del mercado central y el 13 de septiembre de 1988 contra manifestantes.

Crímenes específicos: capturas de miembros del Consejo Superior Universitario realizadas el 10 de octubre de 1981; atentado contra el exrector Félix Ulloa el 28 de octubre de 1980; y la captura y desaparición de Salvador Ubao, de la Asociación de Trabajadores Universitarios, del 1 de septiembre de 1987.

Adicionalmente, la UES solicita toda información sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra miembros de la comunidad universitaria entre 1970 y 1995 por parte de las Fuerzas Armadas y los extintos cuerpos de seguridad.

El IAIP le dio 50 días a Defensa Nacional para buscar esa información y, si no la encuentra, "deberá ejecutar diligencias encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada".

En la resolución, le indica al ministro que debe recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron, en todos los niveles, en los hechos alegados, y también "consultar registros históricos pertenecientes a otras instituciones estatales, privadas, nacionales e internacionales que pudieran contener información relacionada con la pretensión".

El ministro de la Defensa Nacional insinuó que hay otra intención en la búsqueda de información: "Lo que llama la atención es que estuvieron los últimos 10 año, no buscaron esa información, no quisieron buscarla, no sé, da la impresión que lleva otros fines, pero no nos importa y vamos a buscar más información, y proporcionarla en el tiempo". Pero advirtió que no puede entregar información que esté, por ejemplo, fuera del país.