Este diagnóstico inició en 2019, antes de la pandemia del covid-19, e incluye consultas a funcionarios y empresarios. Se basó en cuatro dimensiones: gestión del agua, educación, modernización del Estado y transformación productiva.
La investigación reconoce que hay “éxitos” en los últimos 30 años, como el fin del conflicto armado de manera pacífica, mejoras en el bienestar de los salvadoreños y reducción de la pobreza y desigualdad.
Sin embargo, las reformas constitucionales tras la guerra y el modelo económico basado en las exportaciones no han cumplido plenamente las expectativas de los salvadoreños con tasas de crecimiento económico débiles, bajos niveles de inversión, educación, productividad y delincuencia.
El diagnóstico plantea que para que El Salvador aproveche su potencial tiene que emprender políticas públicas en cuatro áreas prioritarias: transformación productiva, invertir en la educación de su juventud, mejorar la gestión de los escasos recursos hídricos y modernización del Estado.
1: productividad.
En primer lugar, señala el reporte, la productividad de la masa laboral salvadoreña solo creció 0.1 % anual durante la década de 2010, una cifra exigua si quiere acercarse a las economías desarrolladas.La capacidad productiva de El Salvador migró de la agricultura hacia los servicios, pero al revisar la estructura del empleo, según el reporte, el 58 % se concentra en sectores que tienen menos de la mitad de productividad del promedio nacional.
Una baja productividad se traduce en menor competitividad, un renglón donde la OECD propone mejorar la infraestructura y reducir los costos operativos, además de los trámites burocráticos. Hay oportunidades con una política industrial moderna más activa que guíe al desarrollo y acelere la digitalización.
2: educación.
En esta recomendación, el reporte de la OECD señala que urge una transformación de las competencias de la población y un “ingrediente clave” es que se mantengan los mayores niveles de gasto público en educación.Falta alentar a los jóvenes para que completen estudios secundarios y mejorar la calidad de enseñanza, lo que pasa por dotar a los docentes en competencias que necesitan en el aula y para defenderse en el mercado laboral.
3: agua.
Si bien reconoce que la Ley general de recursos hídricos, aprobada en 2022, fue un “hito”, no es perfecta y recomienda aprovechar el nuevo marco normativo para establecer la gestión de agua por cuencas hidrográficas.La gestión del agua es un desafío medioambiental, pues el país tiene disponibilidad, pero está expuesto al cambio climático. Las proyecciones climáticas advierten que para la década de 2050 la temperatura aumentará entre 1.4 y 2 grados, mientras que se reducirán las precipitaciones entre 2 % y 21 %, con periodos de sequías más largos y secos.
4: modernización del Estado.
La recomendación es constituir una institución específica para dirigir y supervisar la gestión de recursos humanos en la administración, que ayude a subsanar las limitaciones de capacidad y los silos administrativos.También, agrega, es necesario renovar el compromiso de un gobierno abierto, transparencia y la participación de las partes interesadas para ajustar las políticas públicas a las necesidades.