El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador se requiere un ajuste fiscal comenzando este 2022.

En un informe final de la consulta al Artículo IV con El Salvador, el Fondo recomendó al Gobierno salvadoreño un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2022 y 2024 para disminuir el ratio de la deuda pública por debajo del 80 % para finales de 2026.
5 %
PIB
El Fondo prevé que el déficit fiscal de El Salvador representó el 5.8 % del PIB en 2021 y será el 5 % en 2022.


Un programa de consolidación fiscal acercaría al presupuesto de 2022 al déficit fiscal (brecha entre los ingresos y gastos) a los niveles observados antes de la pandemia del covid-19.

Para el FMI, dada la fuerte recuperación económica, hay terreno para que el Gobierno realice la mayor parte de este ajuste entre 2022 y 2023 para crear confianza en el mercado y aliviar así las restricciones financieras.

“Sugerimos la consolidación del 4 % del PIB comenzando este año que tiene que implementarse con medidas de alta calidad, tanto con respecto a los ingresos y los gastos”, dijo Alina Carare, jefa de misión del FMI en El Salvador, este viernes durante una conferencia virtual con periodistas de El Salvador.

La asesoría que presentamos en el informe del Artículo IV es muy clara dado el aumento de las necesidades de financiamiento del Gobierno, que ya son altas, y las vulnerabilidades que surgen de un alto nivel de deuda.

Alina Carare
Jefa de misión del FMI en El Salvador


Carare aseguró que las autoridades han comenzado a disminuir el gasto “con algunas medidas administrativas y también reduciendo las transferencias a los gobiernos locales, pero estamos diciendo que hay que ir más lejos para lograr el 4 %”.

Propuesta del FMI para realizar el ajuste.

En el informe, el FMI incluyó un cóctel de propuestas para concretar ese ajuste fiscal a través de una reducción en el gasto y aumento de ingresos.

Ingresos:

  • El Fondo propone “aumentar impuestos obsoletos” sobre los bienes que generan externalidades negativas en 0.2 % del PIB.
  • Alinear la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la región latinoamericana en 0.4 % del PIB.
  • También propone introducir un recargo en el impuesto a las ganancias de las grandes empresas por 0.4 % del PIB.
  • Introducir impuestos sobre las ganancias y los servicios de transmisión en 0.1 % del PIB por cada uno.
  • Un impuesto al carbono basado en las emisiones de C02 en 0.3 % del PIB.
  • También podría considerarse la posibilidad de derogar las exenciones del IVA y del impuesto sobre la renta.

Gastos:

  • Alinear la masa salarial de los trabajadores públicos con el sector privado, eliminando los escalafones y los despidos en 0.4 % del PIB.
  • Mejorar el esquema de subsidios, en participar para los combustibles fósiles, en 0.4 % del PIB.
  • Reducir las transferencias a los gobiernos locales en 0.2 % del PIB
  • Centralizar las compras de bienes y grandes proyectos de inversión en 0.4 % del PIB.

La administración de Nayib Bukele se comprometió con el FMI a realizar un ajuste como parte de un programa de financiamiento con el organismo por hasta $1,300 millones. Sin embargo, las negociaciones se retrasaron por una serie de tensiones políticas tras las destituciones de los magistrados y la adopción del bitcoin como moneda curso legal.

En varias ocasiones el Gobierno se ha comprometido a no subir el IVA -cargado al consumo- sino que se enfocará en la evasión fiscal y mejorar la administración tributaria, según declaraciones del titular de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Para el FMI, “con las políticas vigentes, la deuda pública subirá alrededor del 96 % del PIB en 2026”.

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