El estudio, elaborado desde 2019 y presentado en abril pasado, es un diagnóstico de los fallos de la economía salvadoreña para alcanzar su crecimiento potencial desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Uno de los principales obstáculos ha sido el elevado costo de la delincuencia, además de otras variaciones como una baja productividad, alta concentración del mercado informal, poco acceso a financiamiento y las vulnerabilidades climáticas.
En su capítulo sobre la violencia, el estudio señala que la extorsión es el delito que afecta con mayor frecuencia a las empresas, especialmente la micro y pequeña empresa que tiene operaciones más focalizadas en una sola localidad.
El diagnóstico retoma varias encuestas realizadas por el Banco Mundial, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y de gremiales empresariales, las cuales llevan a una principal conclusión: la mayoría de las empresas no denunciaba si era víctima de extorsión por miedo.
De esa manera, se veían obligadas a contratar servicios privados de seguridad para proteger sus instalaciones, los empleados y las mercancías, en especial las que tienen operaciones por la noche.
“Los problemas de inseguridad también perjudican las perspectivas de inversión y restringen las perspectivas de negocios. Debido a los altos niveles de inseguridad de El Salvador, por las noches no funciona el servicio de transporte y las empresas que trabajan las 24 horas deben asumir los costos adicionales”, señala.
El diagnóstico recuerda que, según estimaciones oficiales, la delincuencia costaba un 6.2 % del PIB anual por el costo social, inversión de las empresas, el gasto del Estado en el sistema judicial y los servicios de policía.
Plan sí, pero con matices.
En el documento se reconoce que el Gobierno de Nayib Bukele ha intensificado la lucha contra la delincuencia a través del Plan de Control Territorial (PCT), que lleva en vigor desde junio de 2019, con un presupuesto de $575 millones para tres años (2019-2021).También reconoce que “resulta difícil” determinar el impacto del plan dado el descenso de la delincuencia (extorsión y homicidios) durante las estrictas restricciones a la movilidad para contener la pandemia de covid-19 y más recientemente el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, a la fecha se han detenido a más de 68,500 presuntos pandilleros desde que suspendieron las garantías constitucionales. Sin embargo, hay organizaciones que denuncian la detención arbitraria de personas sin vínculos y que no se ha seguido el debido proceso judicial.
En tanto, la OCDE señala en su diagnóstico que para superar los problemas de seguridad será “necesario erradicar el problema de raíz”. “Es decir, entre cosas, mejorar la educación y las oportunidades laborales de los jóvenes y restaurar la cohesión social”, indica.
Señala que en muchas comunidades pobres, los jóvenes no han tenido alternativa que unirse a los grupos criminales porque no existen oportunidades laborales y la tasa de abandono escolar es muy elevada, debido a la pobreza y la presencia de pandillas en las escuelas.
La OCDE recomienda una política de atención a las víctimas de extorsión, principalmente puede ser un incentivo para que las empresas denuncien ante las autoridades policiales. En 2019, agrega, solo el 31 % de los empresarios víctimas de las pandillas pusieron un aviso.