Después de años de largo proceso, concluyó finalmente el juicio contra los ocho acusados del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA), incluyendo el exministro de Salud de la administración Saca, Guillermo Maza.

Los responsables de una serie de irregularidades en la reconstrucción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis, de San Vicente, se declararon culpables y lograron penas menores en un juicio abreviado.

El llamado proyecto RHESSA no solo causó un enorme perjuicio económico al Estado y la correspondiente afectación de los miles de pacientes que sufrieron enormes retrasos en ser atendidos, sino que constituye un claro ejemplo de cómo una obra pública se convierte en un monumento a la corrupción por las irregularidades en las contrataciones, por el pago adelantado de las obras sin que correspondiera a los avances y por modificaciones a las obras por mero instinto, sin estudios serios.

La condena al exministro Maza muestra cómo un ministro que no supervisa adecuadamente la obra termina siendo el principal responsable de las irregularidades porque él era la máxima autoridad que aprobaba o desaprobaba cualquier acción.

Este tipo de procesos y condenas deben ser una enorme lección para las futuras contrataciones de obras públicas. La excesiva confianza de los funcionarios en sí mismos, los acuerdos bajo la mesa con las empresas que ejecutan las obras para aceptar estimaciones de falsos avances de las obras es un asunto muy delicado que, por supuesto, causa enormes pérdidas de dinero público. Es un caso que debe ser aleccionador para los funcionarios actuales y futuros de lo qué no debe hacerse.