Los manifestantes exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras, del fiscal, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que Arévalo ha acusado de tratar de llevar a cabo un “golpe de Estado” en el país.
Los bloqueos han generado enormes congestionamientos y se habla de que los exportadores guatemaltecos están perdiendo cerca de dos millones de dólares diarios debido a las protestas. Esa afectación incluye los productos agropecuarios que a diario consumimos en El Salvador y cuya llegada empieza a atrasarse o empiezan a encarecerse los precios de esos alimentos.
El gran problema para Guatemala es que estas protestas parece que no van a parar y que tampoco se le ve posibilidad de que la persecución de los fiscales vaya a cesar, con lo cual es una crisis que se puede prolongar por muchas semanas hasta que el 14 de enero tenga que suceder la transición de poder.
La gran pregunta que muchos se hacen todavía es si el gobierno de Giammattei y sus aliados del llamado “Pacto de corruptos” finalmente entregarán el poder a Bernardo Arévalo, cuyo triunfo ha sido legitimado no solo por las autoridades electorales locales sino por las misiones de observadores electorales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.Es un asunto complejo que puede derivar en consecuencias gravísimas para la democracia guatemalteca y para la estabilidad del país más poblado de Centroamérica.