El gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, otorgó unos millonarios contratos a empresas privadas para abrir más cárceles para inmigrantes en California, a pesar de que el 1 de enero de 2020 entrará en vigor una ley estatal que prohíbe la operación de nuevos centros de reclusión de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
De acuerdo con una publicación del diario californiano La Opinión, los contratos asignados por el gobierno de Trump son por $6,500 millones, que buscan espacio para detener a inmigrantes en cuatro ubicaciones de California: San Diego, Caléxico, Adelanto y Bakersfield.
La Opinión detalla que las nuevas prisiones de ICE tendrían cupo para otros 4,000 detenidos, pero diseñadas para expandirse en el futuro. O al menos eso es a lo que se comprometieron las empresa y el gobierno, según los contratos publicados en un sitio web del gobierno federal el viernes, dos semanas antes de que entre en vigor la ley AB-32 que en octubre pasado firmó el gobernador de California, Gavin Newsom.
La ley AB-32 establece que a partir del 1 de enero de 2020 se prohíbe establecer contratos con corporaciones o empresas privadas que lucran con el encarcelamiento de inmigrantes.
Según el diario angelino, Paige Hughes, portavoz de ICE, declaró que los contratos del gobierno federal no están sujetos a la nueva regulación de California, a la cual calificó de inapropiada y perjudicial porque considera que fue creada para obstruir la aplicación de la ley federal.
Según ICE, las nuevas instalaciones limitarían los traslados de inmigrantes a cárceles fuera de California donde estarían más lejos de familiares, amigos y abogados.
Vicky Waters, vocera del gobernador Newsom, declaró que ICE estaba tratando de darle la vuelta a la ley estatal, la cual dijo es un paso histórico para atacar el encarcelamiento excesivo de personas, incluyendo la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo.
California busca acabar con el negocio de la detención
La Asamblea de California aprobó recientemente un una ley que busca prohibir los contratos con cárceles privadas en todo el estado, incluyendo algunos centros de detención que operan bajo acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
GEO Group es una de las empresas que opera estas prisiones privadas. Defensores de migrantes denunciaron que en una de las prisiones privadas cobran $119 diarios por cada uno de los primeros 320 detenidos y en adelante la tarifa es de $111 por las primeras 1,455 personas bajo custodia de ICE, según la organización Freedom for Immigrants.