La advertencia de la calificadora de riesgos Moody’s, la semana pasada, sobre el gran riesgo que prevalece de que el entrampamiento político pueda continuar y eso cause mayores crisis y hasta otro episodio de impago, debe llamar a la responsabilidad a la clase política salvadoreña.
Moody’s sostiene que el riesgo político seguirá siendo elevado hasta que se consolide aún más el historial de mejoras en las relaciones políticas entre las partes interesadas clave y los acuerdos legislativos. La gran pregunta es si la clase política tendrá conciencia de estos enormes riesgos y si tendrá la voluntad para superar mezquindades y entender que la polarización no tiene réditos electorales.
Es cierto que mucho de ese entrampamiento dependerá también de que el próximo presidente logre la armonía social y construya puentes para el entendimiento y consensos mínimos, pero también es realista decir que las primeras señales de la oposición, con la caprichosa aprobación del Fodes, no auguran una gobernabilidad fácil.
El Salvador ya padeció en 2017 un impago, producto de los encaprichamientos políticos, un episodio que tuvo un fuerte impacto en la calificación del país y en los intereses de nuestros instrumentos financieros. El país no puede darse el lujo de otro evento de esta naturaleza en tan precaria realidad.