Ecuador se prepara para elegir a su nuevo gobernante este domingo en un contexto de profunda crisis de seguridad, con un promedio alarmante de un homicidio por hora registrado en los primeros meses de 2025, a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa, quien busca su reelección, declaró una "guerra" contra la delincuencia y ha desplegado a los militares en las calles y las cárceles para intentar controlar la violencia desmedida. En febrero de 2025, el país reportó 736 homicidios, seguidos de 793 en enero, cifras que reflejan un incremento preocupante de la violencia justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que también se postula Luisa González, candidata correísta.

Esta nueva ola de violencia se presenta tras la declaración del "conflicto armado interno" en 2024, que inicialmente había conducido a una reducción del 15% en la criminalidad en comparación con 2023, año en que Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios más elevadas de Latinoamérica, con casi 47 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.

Luis de Guzmán, analista de seguridad, sostiene que la declaración de guerra fue "muy útil", dado el aumento de la violencia. Los homicidios ya no son únicamente entre bandas, sino que ahora también afectan a las fuerzas de seguridad y a civiles. "La respuesta más contundente era necesaria", afirma.

El especialista advierte que las calles de Ecuador se han convertido en un campo de batalla para el crimen organizado, creando una "guerra urbana" donde el enemigo se confunde con la población. De Guzmán propone continuar con la estrategia actual, pero también enfatiza la urgencia de invertir en tecnología y armamento para las fuerzas de seguridad, mejorar la inteligencia y atacar las finanzas de las bandas delictivas.

Sin embargo, Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, argumenta que la "hipermilitarización" ha resultado contraproducente, destacando la falta de medidas para prevenir que más jóvenes se unan a las organizaciones criminales. Maffei señala que centrarse solo en arrestar a los líderes está generando luchas internas y el surgimiento de grupos más violentos que buscan el control del narcotráfico.

Un caso emblemático es la disputa entre dos facciones de la organización criminal Los Tiguerones en la zona de Nueva Prosperina, Guayaquil, donde un enfrentamiento reciente dejó 22 muertos. Maffei alerta que, sin un cambio de enfoque, el país podría terminar 2025 con más de cincuenta grupos delictivos, complicando aún más el problema.

Los especialistas coinciden en que el próximo gobierno, ya sea de Noboa o González, debe fortalecer y reformar las instituciones de seguridad. Maffei sugiere comenzar por limpiar las Fuerzas Armadas y la Policía, afectadas por la corrupción, y redirigir el enfoque militar hacia las fronteras, por donde ingresan drogas y armas.

Además, plantea la necesidad de reformar la Unidad de Análisis Financiero y el Centro de Inteligencia Estratégica. De Guzmán también resalta la importancia de robustecer la administración tributaria y la Superintendencia de Compañías para combatir la criminalidad, junto con brindar educación y salud de calidad para ofrecer oportunidades de desarrollo.

"Sin estas medidas, seguiremos siendo una sociedad y un Estado que solo combate la violencia, mientras se descompone constantemente", concluye De Guzmán.