Estados Unidos anunció este jueves que había retirado las visas a 11 personas "por socavar la democracia" en Guatemala y anticipó medidas adicionales si la crisis política en el país centroamericano continúa, luego que ayer la Fiscalía de Guatemala anunciara su pedido a la Corte Suprema de Justicia despojar al presidente electo, Bernardo Arévalo, de su inmunidad por daños en la ocupación de una universidad en 2022, por lo que también ordenó una veintena de arrestos contra miembros del partido Semilla.

El Departamento de Estado estadounidense señalado en un comunicado que tomó la decisión amparándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y agregó que estas medidas elevan a 25 el total de restricciones de visados impuestos en Guatemala por esta razón.

"EEUU rechaza inequívocamente los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo. Esto incluye los planes de funcionarios del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y el vicepresidente electo Herrera, así como contra miembros del partido Semilla y otros miembros de la oposición. También condenamos las redadas y detenciones por motivos políticos contra miembros del partido Semilla", destaca el comunicado también divulgado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.

Nichols reiteró el rechazo de EEUU sobre “las redadas de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos en curso para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables. Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo Bernardo Arévalo enfrentarán consecuencias”, expresó el funcionario en redes sociales. El gobierno estadounidense condenó que "estos repetidos y atroces actos antidemocráticos socavan las instituciones democráticas de Guatemala y amenazan la estabilidad de Guatemala y de la región en su conjunto", y sostuvo que "nos sumamos a la Organización de Estados Americanos para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular, sea consistente con la Carta Democrática Interamericana y se adhiera al estado de derecho en Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas".