Al final no importa el nombre que se le asigne al decreto, ya que sus efectos son de un Régimen de Excepción, dado que se suspenden temporalmente ciertos derechos fundamentales, tales como; la libre circulación en lugares afectados, se prohíbe y suspende las reuniones culturales, deportivas y religiosas, se restringe la circulación e ingreso al país de personas que puedan ser o no portadoras del virus y se les obligara a recibir el tratamiento en cuarentena. De modo que se le ha entregado al Órgano Ejecutivo, de forma absoluta el poder para que decidida que hacer en nombre de los ciudadanos.
Asimismo, se le otorgó la potestad de comprar bienes y servicios al Ejecutivo, para paliar una posible pandemia en El Salvador, sin necesidad de licitar, es decir autoridad para decidir cómo, cuándo y a quien comprar, sin dar mayores explicaciones, de tal suerte que además de poseer la autoridad sobre las decisiones de la población, además se le otorgo la facultad gastar casi ilimitadamente. Tengo claro como ciudadano que se deben de tomar todas las medidas necesarias de forma preventiva, para no vivir los escenarios de Italia y España, que pensaron que no se produciría un brote simultáneo de coronavirus en varias localidades.
Sobre todo, porque una buena parte de la población salvadoreña es tozuda, y quieren hacer siempre las cosas a su manera, sin importar las consecuencias, como las excursiones que se planearon, un día después de aprobado el decreto, de modo que no existe conciencia ni respeto a la norma, por ello habrá ocasiones que se deberá legislar con mayor rigor, y estoy consciente de ello. Sin embargo, en mi opinión el primer decreto denominado “Estado de Emergencia” era suficiente para hacerle frente a una posible pandemia de forma preventiva, sobre todo porque en el país, no existe ningún caso, tal como lo anunciara el Presidente.
Ahora bien, entregarle el poder absoluto de los ciudadanos a un solo Órgano de Estado, es muy peligros, dado que no concurrieron los elementos jurídicos que previo el constituyente en 1983, para aplicar el Régimen de Excepción, primero porque, no se ha probado que exista una epidemia, segundo la votación no cumplió lo establecido en la sentencia 35-2015 de la Sala de lo Constitucional, que determina en qué casos se podría usar la figura de los diputados suplentes, que por cierto fue el mismo mecanismo viciado que se utilizó para aprobar los $ 900 millones y elegir al Procurados de Derechos Humanos.
Mecanismo de aprobación espuria de suplentes, muy criticado y cuestionado por el presidente Bukele, pero gestionado desde Casa Presidencial para buscar la aprobación del Régimen de Excepción, y tercero el decreto 594, además de carecer de legitimidad, excede los límites que la misma Constitución estable en el Art 29. Ya que podrá suspenderse temporalmente los derechos ahí definidos, excepto “cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivo” pero hoy resulta que las iglesias cristianas deben pedir permiso con 10 días hábiles a las autoridades para reunirse.
Me parece preocupante que 58 diputados, sin mayor análisis jurídico y sin consultar a abogados constitucionalistas, de la noche a la mañana hayan dado su aprobación, pero contrario a ello no introdujeron en el decreto, reserva en la compra o racionalidad de los recursos públicos, en la que los funcionarios, se les rebajara su salario en un 50% y destinar este dinero para la prevención. Claro que para ello se requería carácter y firmeza como la que tuvo el FMLN, Rodolfo Parker y Jorge Mazariego.