La Fiscalía tiene una investigación abierta contra las víctimas por tráfico de armas. / DEM
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador son enjuiciados cuatro investigadores antiextorsiones, entre ellos un sargento, un cabo y dos agentes por el delito de privación de libertad, en víctimas con régimen de protección.
Los policías resultan involucrados tras un procedimiento, en el cual fueron denunciados ante la Fiscalía por las víctimas, quienes tienen antecedentes de contrabando de mercadería y uno de ellos, quien declaró ayer en calidad de testigo, dijo ante la jueza que fue detenido por ese delito.
Claves “Sol” y “Venado” dijeron que el 16 de enero de 2019 los investigadores los detuvieron en un retén policial en la jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán, cuando venían en un viaje con pasajeros desde Guatemala hacia San Salvador.
Que tras dos horas de mantenerlos retenidos dejaron que “Venado” continuara su marcha hacia la capital, pero que a “Sol” lo privaron de libertad y trasladaron a San Salvador en el carropatrulla, exigiendo $25 mil para liberarlo.
El defensor de los imputados, Rolando Aparicio, dijo que las víctimas están mintiendo y que los hechos denunciados no son veraces; sostuvo que producto de esa denuncia los policías fueron absueltos por extorsión en un tribunal de sentencia de Santa Ana, ya que nunca existió extorsión alguna producto de los $25 mil que supuestamente exigían para liberar a “Clave Sol”.
“Lo que sucede es que las personas que ostentan calidad de víctimas con régimen de protección, originalmente estaban siendo investigados por contrabando de mercadería y porque estaban encaletando, llámese así en los buses internacionales armas de grueso calibre que venían de Guatemala, escondidas en los microbuses, esa era la investigación que se llevaba con un informante”, dijo Aparicio.
Según el defensor, las dos personas que ahora son víctimas, al darse cuenta que se les seguía la pista muy de cerca, denunciaron falsamente estos hechos y dicen que fueron privados de libertad y que se les exigió $25 mil para liberarlos.
Según el abogado, la Fiscalía incorporó como testigo a “Clave Alexa” una oficial de la Policía amiga de años de clave “Venado”, quien era el motorista del autobús y con quien sostuvo fluida comunicación el día en que se dio la supuesta privación de libertad y quien lo habría asesorado sobre las acciones a tomar y montó el operativo en Asuntos Internos para detener a los cuatro policías.