La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) calificó la resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó suspender el proceso de aprobación de una ley de reconciliación, de “un ejercicio equivocado” de sus facultades, señaló que se basa en una especulación y que “tiene graves errores”.

“Esta resolución constituye un ejercicio equivocado de las facultades de la CIDH en relación al Derecho Constitucional salvadoreño, puesto que la Asamblea Legislativa está actuando en cumplimiento de una orden del máximo intérprete de la ley primaria, que es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, reza el comunicado de Fusades titulado “En la discusión sobre justicia transicional debe prevalecer la prudencia, sensatez y sabiduría”.

Según Fusades, la resolución de la CIDH “intenta detener el proceso legítimo de formación de ley”, algo que objetan porque, afirman, es un “diálogo” que nutre la decisión final.

Otro argumento de Fusades es que la decisión de la CIDH se basa en “una especulación”. “Decide sobre un asunto que no ha nacido a la vida jurídica, modo que se basa en una especulación de lo que cree que será su contenido... Lo que la Asamblea está realizando es una deliberación sobre el contenido normativo que tendrá la ley en discusión, lo que está dentro de sus facultades constitucional y por ello debe continuar este ejercicio”, agrega.

A ello añade que la resolución tiene “graves errores” al justificar la urgencia para emitirla, al afirmar que el trámite ha ido avanzando muy rápidamente en las últimas dos semanas y que el objetivo sería aprobarla con la composición actual del Congreso.

Esta mañana, el presidente legislativo salvadoreño, Norman Quijano, reiteró que no suspenderán el estudio de la ley de reconciliación y argumentó que deben respetar la soberanía nacional.

El presidente de la Corte Interamericana ordenó interrumpir el proceso de aprobación de la ley de reconciliación en respuesta a una solicitud de medidas por parte de las víctimas de la masacre El Mozote.

El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que para evitar daños irreparables la Corte “podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes” y que, si no está reunida, el presidente de la Corte puede tomar las providencias necesarias para garantizar le emisión de dichas medidas. La orden al Estado de El Salvador fue emitida por el presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es conformada por los jueces Elizabeth Odio Benito, Eduardo Vio Grossi, vicepresidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidente; Humberto Antonio Sierra Porto. Atrás, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique.