El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el decreto por considerarlo inconstitucional. Foto: CAPRES.
El Gobierno vetó las disposiciones transitorias que pretendía obligar al Gobierno a facilitar el retorno de los salvadoreños que no pudieron reingresar al territorio nacional debido al cierre de fronteras ante la emergencia nacional por COVID-19.
Las “Disposiciones transitorias para regular el retorno de los salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 se encontraban fuera del país” fueron aprobadas el 1 de abril pasado. Establecían la creación de un protocolo de retorno a elaborarse por el Ministerio de Salud.
El presidente de la República, Nayib Bukele, rechazó la medida, argumentando que se difirió el ingreso de los salvadoreños al territorio nacional debido a la primacía del interés público sobre el interés privado de cada individuo, “especialmente cuando es el individuo quien puede convertirse en un vector vivo de infección de COVID-19 respecto de las demás personas que habitamos El Salvador”.
Señaló que el decreto adolece de una "seria inconstitucionalidad estructural", sería una norma ineficaz, afectaría la seguridad jurídica y lo considera una "inconsulta intromisión del Órgano Legislativo" en funcoines del Ejecutivo a través del Ramo de Salud.
El mandatario sostuvo que la Asamblea Legislativa no hizo las consultas para aprobar una "normativa real y jurídicamente aplicable", ni a Salud ni a Relaciones Exteriores.
De acuerdo al veto, el decreto no tomó en cuenta el contexto particular de la pandemia en El Salvador, las capacidades reales de los centros de cuarentena para las personas provenientes del exterior, del personal de salud con los que cuenta el país para atender a quienes retornarían.
La Sala de lo Constitucional, sin embargo, ha ordenado al Gobierno elaborar un plan de retorno de los salvadoreños y ha admitido al menos 17 demandas de amparo de salvadoreños varados en el exterior.
El Gobierno, por su parte, señaló que no dejarán de brindar asistencia adecuada ni respaldo diplomático y consular a los salvadoreños.