El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llevó a cabo el foro "Desafíos fiscales para el nuevo Gobierno de El Salvador", en el que presentó los resultados de la evaluación del Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, a partir de lo ofrecido en el "Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador: productivo, educado y seguro".

En este punto señaló que el nuevo Gobierno (2019-2024), encabezado por el presidente Nayib Bukele, asume su mandato en medio de una situación fiscal crítica que dificultará concretar su Plan de Gobierno. Ante este contexto, el Instituto recomendó al nuevo gobierno iniciar el proceso político que le permita lograr un pacto fiscal, compromiso asumido durante la campaña electoral.

Icefi concluyó que la mayor parte de las metas propuestas en las áreas económica, social y fiscal del «Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador: productivo, educado y seguro» de la administración de Salvador Sánchez Cerén, no fueron cumplidas. A su criterio, los avances insuficientes estuvieron marcados por la crítica situación fiscal; el enfoque de austeridad adoptado provocó incluso un deterioro en indicadores sensibles de educación y salud. Entre las enormes deudas del Gobierno saliente está el no haber impulsado un proceso de diálogo abierto, transparente e incluyente que condujera a un acuerdo nacional en materia fiscal.

En ese sentido, el Instituto remarcó que el nuevo Gobierno (2019-2024), encabezado por Nayib Bukele, asume su mandato en medio de una continuada situación fiscal crítica que dificultará concretar sus promesas electorales, contenidas en el «Plan Cuscatlán», entre las que se destacan: lograr que la economía crezca al menos a un 3.5% para 2024; la realización de megaproyectos (aeropuerto en el oriente del país, transporte ferroviario, entre otros); la ejecución de 36,500 obras en 5 años (20 obras por día); lograr la cobertura universal de la energía eléctrica en el área rural; el incremento del 3% del PIB del gasto social, el aumento progresivo del gasto público en salud a no menos del 5% del PIB, así como el establecimiento de un subsidio universal para familias por cada hijo e hija que mantengan en el sistema educativo y que obtenga excelente rendimiento académico; y, el aumento del 3% del Presupuesto General de la Nación a la Universidad de El Salvador.

Además, en el foro, el Icefi destacó los principales desafíos estructurales que el nuevo Gobierno deberá superar: un gasto público bajo, no vinculado a una planificación de mediano y largo plazos, sin evaluación sobre su eficiencia y efectividad; con servicios públicos de baja cobertura y calidad. Unos ingresos públicos insuficientes y recaudados de manera inequitativa, insuficientes para financiar una estrategia de desarrollo —sea esta tanto el plan de gobierno como la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible—, con altos niveles de evasión y de privilegios fiscales injustificados. Un déficit fiscal alto y niveles de deuda insostenibles. En los próximos cinco años se vencerán $2,400 millones en bonos de los cuales solo se han autorizado el refinanciamiento de USD800 millones; a esto debe añadirse el pago de intereses y amortizaciones, que podrían ascender a otros $2,500 millones. Otro desafío estructural a superar es la opacidad fiscal, caracterizada por una nula participación ciudadana en el presupuesto público; sistemas de compras y contrataciones obsoletos y un sistema de servicio civil anacrónico.

Adicionalmente, el gobierno del presidente Bukele deberá cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, donde se establece que para 2021 la carga tributaria bruta no puede ser menor al 18.5% del PIB y los gastos de consumo (remuneraciones y bienes y servicios) a partir de 2021 no pueden ser mayores a 14% del PIB. En esta ley ha quedado establecido, para 2021, un ajuste fiscal de 3% del PIB por medio de acomodos en ingresos y gastos, por lo que el nuevo Gobierno debe presentar una hoja de ruta que permita cumplir con estas metas.

Finalmente, el Icefi recomendó que, frente a estos desafíos, el gobierno del presidente Nayib Bukele inicie el proceso político para lograr un pacto fiscal, en cumplimiento a uno de los ofrecimientos en el Plan Cuscatlán.

El Instituto recalcó que el comienzo de una nueva administración representa una ventana de oportunidad para lograr un acuerdo político de esta envergadura. En estos momentos están dadas las condiciones para que los salvadoreños y salvadoreñas, por medio de un proceso de construcción colectiva y transparente, definan el tipo de sociedad en el que quieren vivir, con la garantía de una política fiscal moderna que promueva el crecimiento económico sostenible, la construcción de la igualdad y la gobernabilidad, características básicas de un Estado democrático.