La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia definió en agosto de 2015 a las pandillas criminales como “grupos terroristas”. La Sala estableció que el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución.
Esa definición, según la Sala, encaja perfectamente en el hecho notorio que las pandillas MS y 18 “realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias”.
Y eso es lo que han demostrado en los últimos días no solo atacando y asesinando policías, soldados y población civil; además, en su escalada criminal, hasta explotando un coche bomba en Soyapango.
Con el crimen organizado no se puede ni se debe negociar, al contrario, hay que imponer toda la fuerza de la ley y combatirlos con firmeza.
